El vicecoordinador de los diputados del PRD en el Congreso de Guerrero Celestino Cesáreo Guzmán reprochó que el gobierno federal no escuche a los gobernadores y a los ciudadanos al emitir el decreto que permite a los militares realizar acciones policíacas el cual es “un reconocimiento implícito de que las cosas no van bien”.
En la sesión a distancia de este miércoles el perredista dijo que el decreto promulgado este 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, no obstante que se ofrece que el Ejército actúe por el resto del sexenio de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en esta decisión hay un reconocimiento implícito de que las cosas no marchan bien.
“En el acuerdo no se aclara la forma en que va a operar este nuevo modelo, por lo tanto se pone en duda las normas primarias y secundarias que dieron sustento jurídico a la actuación de la Guardia Nacional. Esto no es una buena señal”.
Recordó que esas leyes surgieron resultado de un proceso legislativo de Parlamento Abierto, al cual acudieron la sociedad civil, académicos, gobernadores y alcaldes, y ahora se tomó la medida sin acudir a los mismos mecanismos.
Por cual consideró que “tampoco es buena señal la forma en que se determinó esta medida, muestra de la concentración de poder en un gobernante proclive a tomar decisiones unilaterales”.
Cesáreo Guzmán agregó que llama la atención la capacidad del presidente López Obrador de hacer acuerdos con los militares, de los cuales es Jefe Supremo.
“A ellos encarga la construcción de los Bancos de Bienestar; la vigilancia de ductos petroleros; la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y recientemente y de manera solidaria, apoyar la atención médica y hospitalaria a la epidemia. Hoy los convocan a salir a las calles para complementar el trabajo con pobres resultados de la Guardia Nacional”.
Sin embargo dijo que se debe de reconocer que la violencia es por mucho, la epidemia más letal que enfrentamos y que el país vive momentos excepcionales y se deben tomar decisiones excepcionales.
Pero señaló que la responsabilidad no está solamente en manos del presidente. “Para recobrar la paz, mucho tienen que aportar los gobernadores y los presidentes municipales… Pero no se pavimenta el camino para un Gran Acuerdo Nacional”.
Por eso, dijo, preocupa “que este gobierno no escuche a la sociedad civil, que no llegue a consensos con los gobernadores, que descalifique a los que piensan distinto; recrimine a la crítica periodística, y desmantele instituciones”.
Afirmó que si el poder tiene como referencia su propia voluntad pierde legitimidad, y sólo le queda imponer la autoridad.
El legislador pidió estar atentos a que esta incursión de nuestra Fuerzas Armadas no signifique un retroceso en los derechos humanos, que no se repitan episodios amargos de todos conocidos, en diferentes regiones del país, y que se no se hagan a un lado en el nuevo esquema la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios.
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