Ronaldo García Quintero|Enterado
Los observatorios Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO GUERRERO), así como Justicia, Derechos Humanos y Género, y Católicas por el Derecho a Decidir, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Guerrero y defensoras de los derechos de las mujeres, señalaron que la intención de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero de presentar una iniciativa del aborto por violación, es “regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado”.
Si bien el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) recomendó estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, que garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura, la reformas que se propondrían son regresivas, sentenciaron las organizaciones feministas a través de un comunicado.
Precisaron que condiciona la causal de interrupción por violación a las 12 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas: que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, por que se encuentran en lugares lejanos, por que no cuentan con los recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza, por ser menores de edad, etcétera.
Además, condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. “Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”, puntualizaron.
Asimismo, agregaron que subordina a que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que la en mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares.
También “sancionaría y criminalizaría al personal de salud que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres; estableciendo que deberán dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso”, explicaron.
Por ello, exigieron que se legisle de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que convoquen a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil y garanticen los derechos de las mujeres y su actuar se aleje de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores, que impiden la garantía de los derechos de más del 50% de la población en la entidad.
Mencionaron que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a julio del 2020 se registraron en la entidad 350 casos de violación, 452 casos de abuso sexual y 13 denuncias por aborto, sin embargo la propuesta impulsada no contempla el contexto de violencia que viven las mujeres en Guerrero.
“Guerrero se convirtió en el segundo estado con dos alertas de género, una por feminicidio y otra por agravio comparado, por lo que una vez más la Comisión de Justicia queda evidenciada y pone al Congreso del Estado de Guerrero a prueba de manifestar -con reformas progresivas- el compromiso de Poder Legislativo con las mujeres guerrerenses”, finalizaron..
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