Por Celestino Cesáreo Guzmán
El próximo domingo se llevará a cabo la consulta ciudadana para determinar si se debe o no, enjuiciar a los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
En pleno crecimiento de la tercera ola de la epidemia por Covid-19, el ejercicio de movilizar a los ciudadanos es todo un despropósito, pero la maquinaria del INE ya se activó, tope donde tope.
La pregunta que se hará a la gente es engañosa, y en ella nunca se menciona por su nombre a los ex presidentes, ésta es: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
El cuestionamiento no es específico bajo el argumento de cumplir con la Constitución, redacción que ha sido muy criticada, pero al ser tan abierta, abre la posibilidad de revisar la actuación de muchos personajes que hasta ahora, gozan de impunidad.
Si se quiere fomentar la participación ciudadana en las grandes decisiones del país, me parece un buen ejercicio, aunque hay quienes sostienen incluyéndose el que escribe, que si un expresidente de la República cometió algún delito de cualquier orden, éste debe ser sometido a la justicia como cualquier ciudadano.
En todo caso para que la consulta ganara cierta credibilidad, su efecto vinculatorio (de obtener el porcentaje de participación ciudadana que requiere), debiera aplicarse en casos de exfuncionarios federales (de diferentes periodos de gobierno) que han ocasionado muchos agravios.
Hasta el día de hoy no conozco que la FGR haya iniciado alguna investigación en contra de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón.
Y ahí están los casos Odebrecht y los muertos de la militarización, como los asuntos más emblemáticos. Y no hay nada. De haber cometido delitos, no se debe preguntar si se aplica la ley.
A Emilio Lozoya por ejemplo, se le señala como uno de sus operadores. Sigue gozando de su libertad como si nada hubiera pasado. Qué decir de Luis Videgaray, a quien Lozoya ha señalado como el artífice principal de este fraude. Tampoco pasa nada.
De Lozoya se dijo al principio que sería trasladado a nuestro país para ser sometido a la justicia, no sólo por este caso, sino por otros no menos importantes como la “Estafa Maestra”.
Qué decir del Caso Ayotzinapa, donde el presidente AMLO ha manifestado que es uno de sus grandes compromisos pendientes. No hay avances visibles.
Me parece ocioso el ejercicio de la consulta de este domingo, porque, ¿Si no se alcanza la votación requerida para que la consulta sea vinculante, el gobierno abdicará a su responsabilidad de asegurar justicia, para el pasado y para el presente?, ¿la 4T buscará otra forma de gobernar distrayendo, mientras elude responder varias preguntas sobre señalamientos de altos mandos del actual gobierno que sí debería responder?
Ante posibles delitos y abusos del poder del pasado y del presente, no es necesario ningún tipo de pregunta, sino simple y llanamente aplicar la ley.
Al pueblo se le entretenía con pan y circo en tiempos del Imperio Romano. Hoy se ha montado esta distracción para entretener a la muchedumbre. Y hay 14 millones de nuevos pobres en la actual administración, que piden su dotación de pan.
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