Por Héctor Zurita Gámez
En cualquier país, uno de los principales detonantes económicos para el empresariado nacional es
el gobierno, en virtud del volumen de necesidades que representan en materia de obra pública,
adquisiciones y servicios.
Esto implica que bien manejado el sector de contrataciones públicas puede
-debe- fungir como una palanca de desarrollo regional en estados y municipios que permita una
economía en donde el circulante se quede en la población local, genere empleos bien remunerados
y la cadena de suministros se fortalezca con proveeduría local.
En pocas palabras es un sector que
genera riqueza regional. Sin embargo, el principal enemigo de esta herramienta es la corrupción y
la ausencia de transparencia.
El éxito o fracaso de las contrataciones públicas de un estado depende
de 3 factores: la Legislación que las regula, la plataforma en las que se publican y los funcionarios
que deciden. En Guerrero – y en la mayoría de los estados del país- no existen plataformas digitales
que permitan que los proveedores interesados conozcan previamente las necesidades de gobierno
y puedan participar libremente. Cada vez que cambia un sexenio gubernamental prácticamente
cambian los proveedores nuevos -compromisos electorales-. Ello implica que el estado no
necesariamente está comprando mejor (oportunidad de la entrega, servicio, calidad del producto o
servicio, precio, financiamiento).
Es por ello que se abre una ventana de oportunidad para los
gobiernos locales el transparentar sus procesos de contratación para todos y en un amplio sentido
fortalecer a sus proveedores locales, ello permitiría abatir el rezago en materia de empleo formal
en sus localidades y por ende disminuir la delincuencia provocada por falta de oportunidades.
Quien
lo haga habrá dejado un legado importante y duradero en materia económica para los guerrerenses.
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