Por Óscar Bassave
Se cumplen ocho años de los sucesos en Iguala, donde fueron asesinadas nueve personas, hirieron a 27 y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de entonces a la fecha han sido detenidos, liberados, muerto, ha corrido mucha tinta y saliva, pero la justicia no ha llegado a los padres, ni tampoco respuesta sobre el paradero de sus hijos desaparecidos.
A lo largo de estos años, y las fechas anteriores y posteriores, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa refleja una amarga cercanía de lo que narra el tango de Enrique Santos Discépolo: “Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé/ En el 510 y en el 2000 también/ Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafa’os/ Contentos y amarga’os, valores y doblé/ Pero que el siglo 20 es un despliegue/ de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue/ Vivimos revolca’os en un merengue/ Y, en el mismo lodo, todos manosea’os”.
En el 2014 en que se dieron los hechos gobernaba en Guerrero e Iguala políticos postulados por el mayoritario Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la que también militaba el actual presidente de la República. Personalidades de ese municipio eran cercanas al Ejecutivo, de quienes oportunamente se deslindó.
Pero a la fecha en lo que va de este gobierno el único personaje importante detenido por los hechos de Iguala es el procurador Jesús Murillo Karam, como autor de “la verdad histórica”, pero a los presuntos autores intelectuales y materiales de los hechos todavía no se les vincula a los mismos.
El asunto de los 43 desaparecidos en Iguala es el reflejo más extremo de cómo funciona la investigación policial en México, las deficiencias en la impartición de justicia; porque a pesar de los reflectores y la magnitud del hecho, no se ha podido llegar a ninguna conclusión que castigue a los responsables, intelectuales y materiales; por el contrario, se toma como un ajuste de cuentas político para castigar a chivos expiatorios que calmen las ansias públicas de justicia.
Lo que se conoce públicamente es que la mayor parte de lo que se tiene en contra de Murillo Karam es de dichos de un testigo protegido, así como otros acusados, pero no hay evidencias y al parecer tampoco una búsqueda de ello para enjuiciar a los responsables.
Lo más novedoso hasta el momento, además de la detención de Murillo Karam es la difusión del informe sin censuras que compartió la periodista de investigación, Peniley Ramírez en su columna publicada en Reforma y en su perfil de twitter. Esto se trata de un recurso de los reporteros que cuando se ven amenazados por la información que obtienen es darle la mayor difusión posible para que sea retomado por más medios y periodistas, lo cual funciona como blindaje.
La filtración proporcionada a la periodista demostró además de las partes que las autoridades no quieren que se sepa, pero también las fisuras dentro de los grupos que se encuentran dentro de los espacios de investigación policial e impartición de justicia. De un lado hacen público un documento con partes esenciales ocultas y por el otro lado se filtra el documento sin las censuras (oficialmente le llaman testado).
Otro elemento que agrega explosividad al tema es la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional pase a la subordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que al no poder pasar el filtro de la aprobación del Senado haya decidido enviar a una consulta pública, con el afán de presionar a los legisladores. El Ejército, a quien el jefe del Ejecutivo quiere a cargo de la seguridad pública a través de esa iniciativa, está involucrado también en los acontecimientos de Iguala.
Así pues, en ocho años se muestra cómo es que políticos se encuentran relacionados con otros políticos vinculados a la delincuencia organizada, al igual que militares y policías, lo mismo que funcionarios de justicia, tal como dice el tango de Enrique Santos Discépolo, todos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
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