Por Jesús Lépez
Hace dos años el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero prometía que se obligaría a las autoridades judiciales de Guerrero a rendir cuentas sobre la desaparición de videos del caso Iguala.
Sentenció incluso que la FGR se los estaba exigiendo y haría que lo cumplieran.
Esto durante el anuncio oficial de la nueva investigación que el actual gobierno inició para demostrar que la del gobierno anterior no servía.
El caso es que a dos años de esa promesa, a un mes de haberse dado a conocer un informe sobre la nueva investigación, y a sólo un día de que se filtró la versión sin censurar de dicho informe, la Fiscalía a su cargo retiró 21 órdenes de aprehensión entre las que se encontraban la del ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, y la ex presidenta del Tribunal de Justicia, Lambertina Galeana.
¿Qué pasó en la Fiscalía General de la República que no se cumplió la palabra de su titular aún con órdenes autorizadas por un juez?
Digo, en un país que sigue creando comisiones para esclarecer hechos ocurridos siglo pasado como fue el periodo de la Guerra Sucia, cualquier minucia puede postergar que se conozca la verdad sobre un hecho ocurrido apenas hace 8 años.
Y digo apenas porque es obvio que justicia pronta y expedita en México está muy lejos de conocerse, más en estos casos en los que ni los neoliberales ni los transformadores han podido.
Lo único claro en el caso de a desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la trágica noche de Iguala es que no podemos confiar ni en la supuesta verdad de la verdad.
Al paso que vamos Ayotzinapa pinta para futuras comisiones de a verdad allá por el año 2050. Esperemos que no.
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