Por Roberto Camps
Más allá de las distintas lecturas políticas que se han hecho a los mensajes que dio el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en el Congreso de Guerrero, en especial sobre su aspiración presidencial y el Caso Ayotzinapa, el diálogo que el funcionario sostuvo con los legisladores arrojó datos y cifras sobre el presupuesto adicional en materia de seguridad que destinará la federación al estado de Guerrero y sus municipios.
Fue notoria en la sesión, la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de los senadores Manuel Añorve y Félix Salgado, así como del diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, a quien el Pleno le concedió el uso de la palabra en tribuna, donde explicó el proceso de reforma.
En su participación el diputado perredista Raymundo García Gutiérrez recordó, en su participación en tribuna, que el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) creado en 2013, figuró como uno de los principales instrumentos para atender factores de riesgo en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Pero este programa fue eliminado, luego de que en los años recientes sufrió sucesivos recortes. Estos recursos que les quitaron a los municipios se transfirieron al Ejército y la Guardia Nacional, que se convirtieron en el eje de la estrategia federal gobierno federal.
Así, con estados y municipios debilitados presupuestalmente, se ha llegado a señalar como un factor que contribuye al clima de violencia.
Raymundo García en tono crítico, dijo que hasta hoy, al gobierno federal l ha funcionado cargar la culpa a otros de los problemas que ocasiona la inseguridad.
“El Estado Mexicano posee todos los instrumentos de inteligencia para perseguir a las bandas de la delincuencia organizada. Pero esa no es su estrategia”, añadió.
A la vez que señaló: “en vez de utilizar el espionaje contra adversarios políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos, éste se utilice para detener a los líderes de las bandas delictivas”.
El diputado Héctor Apreza Patrón manifestó que Guerrero, es un estado rebelde por naturaleza por la enorme carga de injusticia social, y lo que sucede aquí repercute en todo el país.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI abrió la discusión que se dio en la sesión, aludiendo a la creación de un fondo presupuestal para estados y municipios, como parte de la minuta que se aprobó en el Senado y es ratificada en los congresos locales.
Al respecto, dijo: “política pública que no se refleja en el presupuesto, es un asunto que no existe”, a la vez que preguntó al secretario de Gobernación si para este esquema existe una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Planteó, dado que el fondo se constituye de manera bipartita: “¿qué va a a suceder con los estados pobres como Guerrero?, (…) ¿acaso vamos a quedar fuera?”.
Luego de plantear la situación en la entidad como un asunto de seguridad nacional, solicitó recursos para Guerrero no sólo en materia de seguridad, sino para combatir las causas de la pobreza y la desigualdad, así como infraestructura productiva, educativa y de salud, ya que, sin ello, la presencia del Ejército no logrará contribuir a la construcción de la paz y la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario Adán Augusto López aclaró que hay una bolsa de 27 mil millones de pesos, que se integrará con recursos que han sido “detectados” por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Procuraduría Fiscal y por la Comisión Nacional Bancaria en cuentas “congeladas” por provenir de actividades ilícitas.
En ese sentido, refirió que en la Cámara de Diputados ya se hizo una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que se discutirá en la Cámara de Senadores.
Dijo que las reglas de operación para utilizar estos 27 mil millones llevarán a que la Tesorería de la Federación destine el 45 por ciento a las fuerzas armadas, el 30 por ciento para los 32 estados y el 25 por ciento restante se aplicará de manera directa a los municipios.
Este dinero se debe aplicar a tareas de seguridad pública, para reclutamiento, a la formación y a la capacitación de las policías locales.
Cuatro menciones hizo en tribuna el secretario de Gobernación al diputado Héctor Apreza. Incluso retomó su propuesta de mantener el acercamiento con los congresos locales y deslizó que podría regresar a Guerrero a discutir la reforma electoral en ciernes.
Y aunque en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero no se permiten los diálogos, lo hubo, de manera indirecta pero pública. Y fue productivo.
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