Al inaugurar la Mesa de Diálogo “Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana en la conservación del medio ambiente”, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso del Estado, diputado Manuel Quiñónez Cortés, reiteró el compromiso de la LXIII Legislatura de fortalecer y generar los mecanismos necesarios para la protección y mejora del medio ambiente como pilar fundamental del desarrollo sustentable y sostenible en Guerrero.
Durante las actividades académicas que realiza el Congreso a través del Instituto de Estudios Parlamentario Eduardo Neri, en el marco de la Semana Jurídica 2023 que organiza la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno del Estado, el legislador dijo que, para el efecto, es importante continuar realizando este tipo de eventos de encuentros, donde legisladores, académicos, expertos y ciudadanía en general vierten ideas y plantean propuestas de solución a la problemática de contaminación.
Explicó que el Acuerdo Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2022, impulsa la colaboración entre los países de América Latina y el Caribe, y es una hoja de ruta en la lucha contra el cambio climático.
Además, agregó, que es el primer acuerdo multilateral, que tiene como objetivo el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en reconocer de manera explícita las obligaciones de los Estados de proteger a las personas defensoras ambientales.
Expuso que, aunque el país fue uno de los primeros en firmar dicho acuerdo, se enfrentan dificultades para hacer cumplir el marco jurídico, “pues estamos en un proceso de consolidación y se deben ajustar las leyes de acceso a la información para incorporar temas ambientales y establecer sistemas de información actualizados”.
Al hablar sobre los objetivos de la Mesa, el procurador ambiental en el estado, Carlos Arturo Toledo Manzur, dijo que es necesario conocer ampliamente el acuerdo de Escazú y los derechos de acceso en asuntos ambientales, contribuyendo a la protección de derechos de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Asimismo, se pronunció por que se analice a fondo cómo se podría implementar este acuerdo en Guerrero, y que no quede solo en discurso, sino que contribuya a una gestión más efectiva de los recursos ambientales.
En su intervención, la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez, secretaría de dicho órgano legislativo, manifestó que es tiempo de tomar medidas para salvar al planeta de la extinción, lo cual se puede lograr mediante los esfuerzos colectivos.
Dijo, asimismo, que en todos los espacios donde se encuentren, los actores políticos deben hacer una buena labor a favor del medio ambiente, que permita superar la crisis.
Por su parte, el coordinador del Programa Global Sobre Delitos que Afectan al Ambiente, Marco del Toral, refirió que desde hace meses se ha venido colaborando con los poderes Ejecutivo y Legislativo en las Jornadas Introductorias sobre los delitos que afectan al ambiente, asunto que es responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno y ciudadanía en general.
Aseguró que en esta Semana Jurídica se trabajará en las acciones de protección, conservación y lo que corresponde a prevención y combate, y expuso que se requiere de sectores de procuración e impartición de justicia, desde la detección, inspección, persecución propia de los delitos, hasta la adjudicación y sentencia.
La Mesa de Diálogo fue moderada por Abi Márquez, coordinadora de Gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Vivian Heredia y Osmar Sanmiguel, especialistas en contaminación por plástico del PNUMA, y Samuel Caballero, consultor ambiental independiente.
Al evento también asistió la diputada Beatriz Mojica Morga, vocal de la comisión; Moisés Antonio González Cabañas presidente municipal de Tixtla; Armando Sánchez Gómez, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Carlos Francisco Sevilla Rodríguez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Pedro Antonio Nava Aguilera, representante de la Secretaría de Medio Ambiente.
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