Llama el Congreso a tomar previsiones para mitigar incendios forestales

Es necesaria una mayor coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno para actuar con oportunidad y eficacia, así como una actitud preventiva que permee en toda la sociedad, en las instituciones de gobierno y en las organizaciones de los sectores social y privado, señala la diputada Patricia Doroteo

Chilpancingo, Guerrero, 22 de febrero de 2022.- Este miércoles las y los diputados de la Comisión Permanente aprobaron por unanimidad un exhorto presentado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática mediante el cual se hace un llamado a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y propietarios de predios a tomar previsiones para mitigar incendios forestales.

Fue la diputada Patricia Doroteo Calderón quien a nombre de la fracción subió a tribuna para leer el Acuerdo donde se exhorta al Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, doctor Roberto Arroyo Matus; al delegado del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, a los alcaldes y alcaldesas de la entidad, así como a los propietarios y poseedores de terrenos forestales para que se coordinen en acciones que prevengan y mitiguen el impacto de los incendios forestales en Guerrero durante 2023.

Doroteo Calderón en la exposición de motivos, recordó que el número de incendios se incrementó en 2022 al pasar a 245, respecto al año anterior, que ocurrieron 198.

Guerrero (añadió), es el tercer estado con superficie en vegetación sensible al fuego.

Advirtió que el porcentaje de áreas siniestradas en la entidad aumentó 12%, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), esto es, en 2021 se perdieron 82 mil 323 hectáreas, y en 2022 se siniestraron 108 mil 597.

Refirió que en 2022 los estados con más incendios fueron México, Jalisco, CDMX, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Durango, Veracruz y Guerrero.

Los que tuvieron más superficie siniestrada fueron Guerrero, Durango, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Michoacán.

La legisladora señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reducido sucesivamente el porcentaje de sus recursos económicos destinados para la Conafor.

En 2018 le otorgó el 10.6% de sus fondos –lo equivalente a tres mil 991.3 millones de pesos (millones de pesos)–, en 2019 bajó la cantidad al 8.9%, esto es, dos mil 765.2 millones de pesos.

Para 2020 la asignación disminuyó al 8.6% de su capital; en 2021 le entregó el 7.5%. El decremento más acentuado se observó en lo aprobado para 2022: sólo el 5.9% de su dinero total.

También refirió que en el Informe de Autoevaluación de la Comisión Nacional Forestal, en 2022, la dependencia federal contó con un presupuesto original aprobado de 2 mil 440 millones de pesos, 38.3% menos que el presupuesto ejercido en 2021.

Aunado a esto, Doroteo Calderón advirtió que a raíz de la extinción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), desaparecieron los mecanismos para acceder a recursos para atender estas contingencias.

Lo que dijo, complica atender los recurrentes incendios forestales en la entidad, ocasionados por la práctica de la limpia y quema del tlacolol que se realiza todos los años, pero se sale de control, con los resultados de todos conocidos.

Por ello, calificó como indispensable e ineludible promover mecanismos que fortalezcan las acciones de prevención ante la inminente temporada de incendios forestales en la entidad, así como las de atención de los daños ocasionados cuando éstos ocurran.

“La extensión y la severidad de los daños que se ocasionan los incendios forestales, requieren de una movilización institucional que involucra a los tres niveles de gobierno y se extiende a la propia sociedad, así como de la canalización de importantes recursos para atender, en un primer momento, la situación de emergencia y, posteriormente, para resarcir los daños y restablecer las condiciones de normalidad social y económica en la zona afectada”, prosiguió.

De tal suerte, la legisladora consideró que es necesaria una mayor coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno para actuar con oportunidad y eficacia, así como una actitud preventiva que permee en toda la sociedad, en las instituciones de gobierno y en las organizaciones de los sectores social y privado.

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