La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica tanto su estructura como sus procedimientos del órgano electoral.
En este mismo Acuerdo, el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek solicitó al Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal que presenten su contestación dentro del plazo legal.
Aunado a lo anterior, el Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
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