El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, cuya lectura estuvo a cargo de la Mesa Directiva en la sesión de este jueves, fue necesario hacer estas adecuaciones para disuadir la comisión de este delito que incluye intimidaciones contra las personas y afecta los legítimos patrimonios.
El documento expone que comete el delito de despojo quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupa o hace uso de un inmueble que no le pertenece.
Asimismo, señala que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de despojo ha aumentado en los últimos cinco años, al pasar de 20 mil 281 en 2015 a 27 mil 597 en 2019, y en el caso de Guerrero, en 2020 se iniciaron 145 carpetas de investigación por ese motivo.
Con estas reformas, abunda el dictamen, se busca aumentar de 4 a 10 años de prisión las penas contra quien por medio de la violencia física, moral o engaño ocupa un inmueble ajeno, agravándose hasta en una mitad cuando el despojo se realiza por tres o más personas.
En este último caso, se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión a los autores intelectuales que dirijan el inmueble, y para proteger el patrimonio de las personas adultas mayores de 60 años o con discapacidad, las penas se aumentarán hasta en dos terceras partes de la pena máxima.
Por último, queda establecido que a quienes cometan en forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa, con el propósito de castigar de manera ejemplar este delito en Guerrero.
Iniciativas
La diputada Angélica Espinoza García (Morena) propuso reformar la Ley de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios para que los archivos de la administración pública sean digitalizados y estén al alcance de la ciudadanía, como parte de un gobierno abierto basado en la transparencia, contribuyendo a mejorar la eficiencia y organización de todas las dependencias. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
El diputado Osbaldo Ríos Manrique (Morena) planteó derogar el artículo 38 de la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, así como el artículo 69 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, para que las y los trabajadores tengan la opción de decidir si se dan de baja del sindicato al que pertenecen, sin la necesidad de ser expulsados por el mismo, garantizando su derecho a la libre asociación.
El documento se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación.
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