Médula| Logra Yoloczin consenso contra corruptos

El que en Guerrero se hayan designado comisionados y titulares de los OIC da certeza a los órganos autónomos y ahuyenta el fantasma de que exista una línea para su desaparición desde Palacio Nacional. Por el contrario evidencia que Evelyn Salgado respeta la separación de poderes, y que en Morena hay gente con criterio propio y claridad de miras como la presidenta de la Jucopo.


Por Jesús Lépez Ochoa

Mientras a nivel nacional se busca su desaparición en Guerrero se ha dado certidumbre a los organismos autónomos al aprobar los diputados nombramientos importantes para el desarrollo de sus operaciones, mismos que durante casi tres años estuvieron atorados en el Legislativo y que son parte del andamiaje institucional para el combate a la corrupción.

Luego de un intenso cabildeo de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna el Congreso de Guerrero concretó la designación de un consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y de dos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

También a los nuevos titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de la Comisión de los Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Fiscalía General del Estado, e incluso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y del Congreso del Estado.

Los OIC son fundamentales para prevenir, detectar y combatir la corrupción, así como para promover la transparencia y el apego a la legalidad entre los servidores públicos, de la misma manera en que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información es la materialización del constitucional derecho de los ciudadanos a estar informados.

Las designaciones son un tema que Yoloczin Domínguez había venido impulsando desde la anterior Legislatura, en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción encabezó el 30 de julio de 2021 las entrevistas de los aspirantes a ocupar la titularidad de estos órganos.

Al asumir la presidencia de la Jucopo el pasado mes de septiembre declaró en entrevista que eran parte de los pendientes que el Congreso debía desahogar, lo cual era necesario por la parálisis legislativa en la que el Poder Legislativo cayó con sus antecesores en el cargo.

El hecho de que no haya dado marcha atrás aún cuando a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores de Morena tienen congelado al Instituto de Transparencia, dice mucho, y no solo de la diputada Yoloczin.

Lo acontecido en el Congreso nos deja claro que:
1.- En Guerrero existe separación de poderes y se respeta. No hubo ninguna denuncia de intento de injerencia por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
2.- Demuestra que no hay ninguna línea política ni del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Morena porque se repliquen aquí los temas nacionales como si fueran mandato divino.
3.- Los órganos autónomos en Guerrero no van a desaparecer.
4.- En Morena hay actores políticos como Yoloczin Domínguez que tienen criterio propio y libertad para ejercerlo.
5.- La presidenta de la Jucopo entendió bien que una cosa es la arena nacional, y otra sacar adelante los asuntos que Guerrero requiere para avanzar en temas como el combate a la corrupción.
6.- Tiene el valor de hacerlo aun cuando el horno del fuego amigo sube de temperatura sobre todo entre quienes la ven como una carta fuerte de Morena para la alcaldía de Acapulco, y no dudarán en usar en su contra cualquier cosa que haga, sobre todo aquellas que la distancian de los radicalismos.
7.- Que Yoloczin tiene claras sus prioridades y ha demostrado capacidad política para generar acuerdos y lograr consensos en torno a los temas que benefician a la sociedad.

Fueron más de las dos terceras partes de la LXIII Legislatura integrada por diputados de todos los partidos políticos, de todos los colores y todas las ideologías las que aprobaron las designaciones de quienes deberán prevenir y combatir la corrupción en los organismos autónomos, a los que ahora toca demostrar que valió la espera de casi tres años para que tuvieran sus nombramientos.

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