En México, se tiene un registro de 293 personas sancionadas por Violencia Política: consejera del INE

Llevan a cabo en el TEE el conversatorio "Violencia Política en Razón de Género desde una perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Social Civil", el cual estuvo moderado por la Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz.

La Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan señaló que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el país se tiene un registro de 293 personas sancionadas, de los cuales 2 corresponden a Guerrero, siendo 236 hombres y 57 mujeres quienes han cometido Violencia Política de Género (VPG), presentándose principalmente a nivel municipal.

La Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan; la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz; y la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Indalecio Pacheco León, coincidieron en señalar que hay desafíos en el cumplimiento de las sentencias de Violencia Política en Razón de Género (VPG), por lo que es necesario emitir medidas reparatorias y de no repetición, así como sanciones que inhiban este tipo de conductas para evitar dar mensajes de impunidad.

Así lo manifestaron durante su ponencia en el conversatorio «Violencia Política en Razón de Género desde una perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Social Civil», el cual estuvo moderado por la Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz.

En su mensaje de bienvenida la Magistrada Presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol señaló que desde el Tribunal Electoral están aplicando la ley para erradicar la Violencia Política en Razón de Género, en donde desde este Órgano Jurisdiccional se ha garantizado el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, así como el libre desempeño de sus funciones, libres de violencia por razones de género.

“Este conversatorio es un espacio para detectar áreas de fortalecimiento institucional y de las leyes en la materia, para que a través de sentencias justas y con perspectiva de género se garantice la protección de los derechos de las mujeres”.

En el conversatorio estuvieron presentes la Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, y el Magistrado José Inés Betancourt Salgado, la Magistrada Presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol y la Magistrada Alma Delia Eugenio.

Así como como los titulares de los órganos electorales, el Presidenta del Vocal Ejecutivo del INE, Donaciano Muñoz Loyola; la Consejera presidenta del IEPC-Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes.

Además de autoridades de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, diputadas locales, organizaciones civiles feministas, y público en general.

Ante las preguntas que realizó la moderadora, la Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz: ¿A tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género ha habido un impacto en prevención, atención o erradicación de esta? Y Que nichos de oportunidad se observan para mejorar la investigación y sustanciación o resolución de los asuntos en violencia política en razón de género, las panelistas expusieron sus participaciones.

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Señaló como un caso vergonzoso al estado de Veracruz, luego de que un hombre ha sido reincidente 11 veces por cometer VPG, lo que demuestra que las sanciones no son eficientes, toda vez que se tiene la regulación, pero no se impone las funciones de manera adecuada y por tanto se combate la VPG, pero no la impunidad.

Por lo que la Consejera Electoral consideró que se necesitan medidas reparatorias, medidas de no repetición y sanciones que inhiban este tipo de conductas, por lo que enfatizó que las mujeres pueden ocupar cualquier cargo, en contextos libres de violencia y que hay formas para denunciar la VPG.

Carla Humphrey señaló que los partidos políticos están obligados combatir la VPG, así como de tener instancias para orientar a las mujeres, así como de capacitar a la militancia sobre género, paridad, igualdad, y destinar el 40% del recurso para las candidatas, siendo que los partidos locales son los que menos cumplen.

Asimismo, señaló que en México existen muchos faltantes, entre ellos que no se pueda remover aún Magistrado o Magistrada que cometa violencia política en razón de género, toda vez que no se tiene ese cuenta con ese procedimiento.

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En su oportunidad, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz indicó que con la aprobación de la reforma 3 de 3 contra la violencia política, implica la suspensión del derecho a cualquier deudor de pensión alimentaria, violentadores y agresores sexuales para ocupar un cargo público o buscar uno de elección popular.

Señaló que las sentencias tienen que tener este carácter mucho más garantista, no solo de garantizar el acceso a la justicia, sino que este acceso tenga medidas de no repetición, toda vez que sigue siendo un desafío la aplicación de las sentencias y el cumplimiento de estas, por lo que se requiere de políticas públicas que fortalezcan con las actividades de la sociedad civil.

Señaló que se tienen que articular esfuerzos civiles e institucionales en la prevención, atención y seguimiento en casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, donde se tiene un reto de seguimiento en el cumplimiento de las sentencias.

“Se tiene un gran pendiente con aquellos casos de VPG, contra las mujeres que ocupan cargos por designación en la administración pública donde se tiene que involucrar a los Tribunales de Justicia Administrativa y Contralorías, por lo que es necesario adoptar medidas legislativas para garantizar la protección de las defensoras de los derechos políticos electorales de las mujeres”.

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Al respecto la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Indalecio Pacheco León expresó que la mayoría de las mujeres víctimas de VPG no están acudiendo a denunciar, lo que implica mandar un mensaje de impunidad a los agresores, donde en Guerrero, diputados o dirigentes de partidos han sido agresores de mujeres y sin embargo están impunes, porque la materia de desafuero es un procedimiento largo.

Por ello señaló que es importante que se visibilice la demanda de las mujeres para que se respete su participación política sin que se ejerza violencia contra ellas.

Pacheco León señaló que acudir a una autoridad judicial es importante para que pueda existir ese poder coercitivo, y de esta manera poder notificar al agresor de manera inmediata, y con el respaldo de las demás autoridades se pueda garantizar planamente la integridad de esas mujeres víctimas.

La Magistrada manifestó que los tres niveles de gobierno no están siendo coadyuvantes para los 4 ejes que son prevención, atención, sanción y erradicación, dejando de esta manera solos a los órganos electorales.

“Los gobiernos tienen la obligación a través de los 3 poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo tanto, en un principio de interpretación conforme y del principio pro persona que nos ha dado la legislación constitucional en su articulo 1, se hace efectivo para no aplicar una ley que esta perjudicando a las mujeres víctimas de violencia, y por la tanto ningún diputado, ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que este cometiendo en contra de las mujeres que participan políticamente”, dijo.

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