Plantea Jucopo iniciativa para garantizar la participación política de personas con discapacidad

De aprobarse la adición a la citada ley, los partidos políticos deberán presentar un certificado médico expedido por una institución de salud pública o privada que acredite el diagnóstico y tipo de discapacidad del candidato o candidata, la cual deberá ser de carácter permanente.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado propuso reformas y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos registren al menos una fórmula integrada por personas con alguna discapacidad en las candidaturas a diputaciones locales y regidurías.  

La propuesta presentada por las diputadas y diputados Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, presidenta, secretario y vocales de la Jucopo, respectivamente, explica que, de aprobarse la adición a la citada ley, los partidos políticos deberán presentar un certificado médico expedido por una institución de salud pública o privada que acredite el diagnóstico y tipo de discapacidad del candidato o candidata, la cual deberá ser de carácter permanente. 

Además, presentar una carta, bajo protesta de decir verdad, en la que el candidato o candidata, o la persona que lo represente, manifieste que es una persona con algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá exhibir copia fotostática legible de documento emitido por autoridad federal o estatal que certifique que es beneficiario de algún programa asistencial por su carácter de persona con discapacidad.

Además, las personas que sean candidatas podrán ser asistidas durante el desarrollo del proceso electoral y contarán con los apoyos necesarios para llevar a cabo sus actividades proselitistas.

Las y los legisladores refieren que con esta reforma se dará cumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que especifica que los estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de su condición, así como adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias. 

Precisan, además, que en materia político-electoral la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad dispone que se les garantizarán los derechos políticos en igualdad de condiciones, que dé a este sector plena participación en la vida política y pública. 

De aprobarse esta modificación, Guerrero se sumará a las 13 entidades federativas que han reformado su normatividad electoral local para considerar en sus candidaturas a las personas con discapacidad, además de que se garantizarán los derechos político-electorales al 6 por ciento de la población guerrerense que tiene algún tipo de discapacidad. 

También, la Jucopo propuso reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para separar la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y  la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a efecto de que se integren a la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asignándoles las funciones propias de sus áreas para que coadyuven con el Consejo General de dicho instituto.

Esto con el fin de que estas instancias se aboquen a las actividades propias de la organización y desarrollo de los procesos electorales locales, y no implique una sobrecarga de trabajo, sin que la coordinación que debe existir entre el órgano nacional electoral y el instituto local se vea afectada, ya que no hay una coincidencia entre las áreas nacional y estatal que tienen la encomienda de fijar criterios y directrices en áreas de organización electoral y partidos políticos.

Estas iniciativas de reforma y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero fueron turnadas a la Comisión de Justicia para su correspondiente análisis y dictaminación. 

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