Prohibir la Lista de Raya en las administraciones municipales, plantea diputado

La propuesta tiene como principal objetivo transparentar y cumplir con la cultura de la rendición de cuentas y el óptimo funcionamiento de los servicios públicos, afirma Antonio Helguera

El diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer la prohibición de la «lista de raya» o “nómina secreta”, a fin de inhibir la opacidad en el funcionamiento de la administración pública municipal y, en caso de incumplimiento, se apliquen las debidas sanciones. 

En su exposición de motivos, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la propuesta tiene como principal objetivo transparentar y cumplir con la cultura de la rendición de cuentas y el óptimo funcionamiento de los servicios públicos municipales, evitando la opacidad del gasto que suele darse con las nóminas ocultas o las listas de raya, que simulan la contratación de personal sin que este desempeñe sus tareas, obteniendo una remuneración salarial injustificada.

Expuso el legislador que es necesario, al término de las administraciones municipales, que las autoridades se abstengan de comprometer recursos fiscales para expandir la nómina de personal de confianza no indispensable, pues esto impacta a la próxima administración, alterando el Presupuesto de Egresos del año fiscal en curso. 

En ese sentido, indicó que son un imperativo la transparencia, la máxima publicidad y el constreñimiento del mandato jurídico del derecho administrativo municipal, que ubica con precisión las competencias del ayuntamiento como un órgano de gobierno, cuyas atribuciones otorgadas en la Constitución no pueden ser rebasadas por acto discrecional que va en contra de la buena administración y que obedece a intereses políticos. 

Enfatizó que lo que se pretende es atender la falsa y nefasta cultura del patrimonialismo que hace binomio con la corrupción en los asuntos del primer orden de gobierno. 

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado para su correspondiente dictaminación.

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