El diputado Manuel Quiñónez Cortés propuso adicionar la Ley de Bienestar Animal del Estado para establecer requisitos específicos en la designación de directores de zoológicos, bioparques y acuarios dependientes de la administración pública estatal, como son la experiencia previa en manejo, protección y conservación de animales de la vida silvestre, y conocimientos especializados en el cuidado y bienestar animal.
En su exposición de motivos, el legislador precisa que el rol de los zoológicos es la conservación, protección y recuperación de especies silvestres, coadyuvar con la supervivencia de aquellas que se encuentran en peligro de extinción, así como realizar investigaciones científicas para entender mejor a los animales y concientizar a la población sobre el respeto hacia ellos.
Agregó que, contrario a la finalidad de estos centros, que es la de ser santuarios de conservación de la vida silvestre, a finales de enero del presente año se evidenciaron irregularidades en el zoológico Zoochilpan de Chilpancingo, presuntamente cometidas por su entonces director.
“Hechos tan lamentables como este no solo constituyen una ineficiente administración del zoológico, sino que concluyen en crueldad, maltrato y sacrificio de animales; es por eso que a la fecha continúa el proceso de investigación del caso”, externó.
Abundó que esta situación es alarmante y el Estado no debe quedar en entredicho ante la sociedad respecto a su labor de cuidado, conservación y protección de la vida silvestre; por lo cual es necesario reflexionar respecto a la designación de los directores de zoológicos, bioparques y acuarios, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, establece requisitos muy generales.
Por lo anterior, Quiñónez Cortés plantea establecer de manera específica en la Ley de Bienestar Animal, además de los ya establecidos en la Ley Orgánica citada, los requisitos mínimos que deben cumplir las personas que ocupen cargos de dirección de zoológicos, bioparques y acuarios, lo que es fundamental para garantizar una gestión eficiente, mejorar las condiciones de vida de los animales, promover la educación y conservación, e impulsar la innovación y el desarrollo.
Reiteró que si se establecen requisitos que contemplen experiencia y formación adecuadas en biología, veterinaria, manejo de fauna silvestre y gestión de zoológicos, bioparques o acuarios, se aumenta la probabilidad de proteger la salud y bienestar de los animales, además de una gestión eficaz de los recursos y una mayor eficiencia en la operación de estos centros.
Intervenciones
La diputada Jessica Alejo Rayo (Morena) intervino en relación a la conmemoración del 68 Aniversario del Voto de la Mujer en México, recordando que el 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal, lo que significó un hito en la lucha por la igualdad de género y la participación política de las mujeres.
Añadió que aún falta mucho por hacer, y en específico las mujeres legisladoras tienen el deber de velar por que las reformas constitucionales y legales aprobadas se reflejen en bien del sector, y no dejar de luchar por los derechos plenos de las mujeres, así como erradicar la violencia en todas sus vertientes.
Por su parte, la diputada Nora Velázquez Martínez (Morena) participó con el tema “Protección Civil: del fenómeno a los riesgos”.
Externó que es una gran preocupación a nivel local y mundial el calentamiento global que impacta seriamente en el clima y el medio ambiente, situación que obliga a gobiernos y ciudadanía a generar mecanismos para la prevención de riesgos y la protección civil.
Agregó que Guerrero, además de ubicarse en una zona sísmica, es un blanco de incidencia de fenómenos meteorológicos que afectan la vida y patrimonio de las y los guerrerenses, ante lo cual la Comisión de Protección Civil del Congreso está impulsando un proceso de análisis de los ordenamientos en la materia, así como foros de discusión, con miras a generar una nueva Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, que genere seguridad legal y certeza jurídica a las acciones, políticas públicas y presupuestos aplicados en la materia.
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