Contemplará opinión ciudadana nueva Ley de Movilidad, adelanta diputado

lo que se pretende es establecer las bases y principios que garanticen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, principalmente en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, señala Marco Tulio Sánchez

El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón reiteró su compromiso de trabajar en la presentación de iniciativas de ley que den respuesta a las diversas necesidades de la población, y que coadyuven a mejorar sus condiciones de vida.

En ese tenor, recordó que recientemente presentó, a nombre también de la diputada Nora Velázquez Martínez (Morena), la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero, cuyo trabajo de dictaminación y perfeccionamiento contemplará las opiniones de la ciudadanía, a través de foros y consultas, y con la coadyuvancia de instancias estatales del ramo, la Universidad Autónoma de Guerrero y colegios de arquitectos. 

Abundó que lo que se pretende es establecer las bases y principios que garanticen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, principalmente en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Y es que, precisó, la ley existente ya es obsoleta, además de que se enfoca en los vehículos, al considerar todo lo relacionado con los permisos y concesiones, dejando en segundo lugar al peatón, hecho que debe ser revertido.

Señaló que el nuevo marco normativo en materia de vialidad contempla la instalación de rampas, semáforos, cruces, señalización y banquetas amplias para el fácil traslado del peatón, que en la actualidad muchas veces tiene que invadir el arroyo vehicular, poniendo en riesgo su seguridad e integridad.

Sánchez Alarcón recalcó que este ordenamiento vial es uno de los pendientes que tiene Guerrero, puesto que el Congreso de la Unión ya emitió una Ley de Movilidad, la cual debe ser armonizada y aplicada por los Congresos locales, teniendo como fecha límite el 5 de octubre.

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