Coadyuvando a que los derechos de las mujeres guerrerenses se respeten plenamente y que haya una verdadera paridad de género en todos los ámbitos, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad múltiples reformas y adiciones al marco jurídico estatal.
En lo que va del año, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura avalaron la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para impedir que agresores y deudores alimentarios puedan acceder a cargos públicos o de elección popular.
Además, se le suspenden sus derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra las mujeres o sean deudores alimentarios.
Señalaron las y los legisladores la importancia de aprobar estas reformas porque las manifestaciones de violencia, en particular contra las mujeres, se presentan en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos, y entre los principales agresores están servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
Ante ello, consideran que los servidores públicos, en razón de las funciones que desempeñan, deben ser ejemplo para la sociedad y comprobar idoneidad para realizar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todas las personas, y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética.
Es así que, a partir de estas reformas, se garantiza que todo aquel que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres y el derecho a los alimentos de los menores.
Otro avance importante en favor del sector es la incorporación y tipificación como delito de la violencia vicaria, con una penalidad de 4 a 8 años de prisión, así como la pérdida de los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Dicha armonización se hizo a los Códigos Civil y Penal del Estado de Guerrero y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para combatir este tipo de violencia que se ejerce sobre los hijos o hijas, en el afán principalmente de herir a la madre, asegurándose el maltratador de que esta no se recupere jamás.
A lo anterior se agrega un paquete de reformas y adiciones a distintos ordenamientos jurídicos para garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin dejar de mencionar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, y a la inclusión de la violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este periodo se realizaron también adecuaciones a la Constitución Política local para establecer que las mujeres embarazadas no sean discriminadas y se les garantice el acceso a los servicios de salud materna desde el inicio del embarazo, el parto y durante el puerperio, además de facilidades para su adecuada recuperación.
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