Por Marco Antonio Adame Meza
Hace unos días, la presidenta electa de la República, realizó entre las designaciones de su gabinete el nombramiento de quien fungirá como secretario de seguridad pública en su gobierno. Aunque la nominación era altamente pronosticada, ahora que hay certeza de la presencia de Omar García Harfuch en la política de seguridad, vale la pena destacar algunos puntos.
El primero es la apuesta anticipada del próximo gobierno de México. Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador, decidió priorizar una agendasocial, de apoyos directos, de mejora de las condiciones económicas en las familias, el incremento al salario mínimo y la reducción de la pobreza, aspectos todos ellos, presentes en la motivación de la ciudadanía en el voto el pasado 2 de junio. También es cierto que estas acciones, en el futuro inmediato y en las próximas elecciones ya no serán un argumento decisivo para evaluar positivamente a los gobiernos integrados desde la fuerza electoral de MORENA. Hay algo más en la agenda ciudadana, una demanda no resuelta que se posicionará como el tema central en la definición de los buenos y malos gobiernos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, coordinada por el INEGI, en su más reciente informe, primer trimestre 2024, la percepción de seguridad en la población se ubica en el 61.0%, y desde el 2020 bajó de sus registros más altos del 80.2 % de percepción, registrados en 2017.
Datos que, si son contrastados con el Índice de Paz México 2024, un estudio realizado por el Instituto para la Economía y La Paz, se plantea una tendencia en decrecimiento. Se puntualiza en el índice que “El año pasado marcó el cuarto año consecutivo de mejora. Esto estuvo precedido por los fuertes deterioros de 2015 a 2019. En ese sentido, “La mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó un 5.3%, la segunda mayor mejora desde 2015. “
Sin embargo, aunque existe una tendencia a la baja, los indicadores siguen siendo altos y la preocupación de la ciudadanía mexicana ubica a la violencia como una de las principales problemáticas.
Datos de la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre seguridad pública, expone que la inseguridad se mantiene en los últimos años y actualmente, como el principal problema social en México.
Por ello, y no puede ser de otra forma, la propuesta se vislumbra como un presupuesto histórico que tendrá para la secretaría de seguridad el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al respecto, diversas notas periodísticas resaltan que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana absorberá el control del Centro Nacional de Investigación (CNI), la agencia de inteligencia con más recursos de América Latina en la actualidad, lo que anticipa que el presupuesto público que manejará el futuro secretario, alcanza máximos históricos.
En ese contexto, hace unos días la Mtra. Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, expresó un argumento sostenido en todos los foros de gobiernos locales, las malas condiciones en cuanto a infraestructura, competencia, presupuesto que los gobiernos locales tienen para afrontar los desafíos sociales. Y aunque resuene controvertido, el argumento es completamente válido y es un llamado a la revisión de los mecanismos con los que cuentan los ayuntamientos para enfrentar una problemática de amplia escala.
Como sostiene Viri Rios “El problema es de todos conocido, pero por nadie resuelto. La debilidad estructural del municipio lo ha convertido en el caldo de cultivo perfecto … operan con pocos recursos, mínimas capacidades y muy bajos niveles de profesionalización. A pesar de ello las leyes los hacen responsables de muchas de las más importantes regulaciones y funciones del Estado mexicano”.
Sin duda el problema es amplio, y parece que hay sintonía en las decisiones pública. Por un lado, un problema cada vez de mayor preocupación para la ciudadanía, por otro la designación de un perfil cualificado técnica y profesionalmente, con el acompañamiento de un presupuesto amplio para concretar las acciones y como telón de fondo una robusta política social de incremento al ingreso per cápita. El escenario suena alentador porque dibuja una estrategia prioritaria, urgente, del futuro gobierno de México: La seguridad va por delante.
En eso estoy de acuerdo, se trata de construir bienestar, de que la gente viva bien, pero, para hacer eso, para vivir bien, primero hay que vivir.
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