Por Marco Antonio Adame Meza
En estos días, han corrido verdaderos ríos caudalosos de tinta y argumentos sobre la reforma al poder judicial. Ese creo que es un primer logro de un proceso como el que vivimos en México, poner en el centro de la conversación nacional, el funcionamiento de nuestras instituciones y de los poderes públicos, más aún uno de vital importancia como es el de la impartición de justicia.
Mucho se ha comentado sobre los motivos que están en la promoción de la reforma al poder judicial. Se esgrime sobre el conflicto del presidente Andrés Manuel López Obrador con las y los integrantes de la Suprema Corte; sobre el desacato a la reducción del sueldo para no ganar más de lo que gana el presidente; el combate al nepotismo interno o los privilegios en la denominada carrera judicial. Sin embargo, más allá de estos argumentos, considero que de fondo está la apuesta de un proyecto vinculado a la reducción de la violencia e inseguridad, atendiendo causas profundas como la impunidad.
En principio, ha quedado demostrado que la agenda atendida por la administración que concluye a nivel federal privilegió mejorar las condiciones económicas de las personas, al influir en el incremento en los ingresos. Por esa razón, se redujo en un porcentaje importante la pobreza, con datos emitidos por el INEGI, de 2018 al 2022, más de 5 millones de personas salieron de esa condición. Datos complementados por el Banco Mundial han calculado que de 2018 a 2023, 9.6 millones de personas en México pudieron dejar la condición de pobreza. Esta información, estas noticias, hacía más de 30 años que no eran anunciadas en México. Hoy son acompañadas con amplia resonancia electoral.
Sin embargo, como también se ha apuntado en pasados artículos, los logros en la reducción de pobreza y la reducción de la desigualdad, seguirán siendo positivos pero ya no serán suficiente electoralmente hablando. Dentro de seis años, el llamado a cuentas se tendrá que centrar en otrostemas. Por eso, la asignatura pendiente nacional sigue siendo la construcción de paz y la reducción de la violencia. Y en ese orden, ni la militarización, ni las estrategias policiales han resultado de fuerte efectividad. Pues todo acto de combate a la violencia, al crimen y a las prácticas ilegales, terminan por derivar en observar la calidad del sistema de impartición de justicia; y si las instituciones y sus funcionarios, jueces, magistrados, ministros han ofrecido una puerta giratoria a quienes son llevados a la justicia, el asunto se complica mucho más. Por eso ninguna estrategia de seguridad será efectiva mientras la impunidad tenga presencia.
Diversos estudios y encuestas revelan que gran parte de la población percibe al sistema judicial como ineficaz, lento y susceptible de corrupción. Algunos factores que influyen en esta percepción incluyen: el influyentismo y el nepotismo con la percepción de que jueces y magistrados pueden ser influenciados por actores externos o intereses privados; La Impunidad: la falta de justicia en casos de violaciones de derechos humanos, violencia de género y corrupción política alimenta la percepción de un sistema judicial débil; Desigualdad en el acceso a la justicia: existe la idea de que las personas con más recursos tienen más probabilidades de recibir un trato favorable o acelerar sus casos.
Al respecto, vale la pena subrayar que, según datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, solo el 27.4% de los mexicanos confía en el Poder Judicial. Este porcentaje es bajo comparado con otras instituciones. Pero mas allá de la confianza, que finalmente es un indicador de percepción, cuáles son los datos vinculados a la impunidad en México.
El Índice Global de Impunidad (IGI): coloca a México entre los países con mayor impunidad, principalmente debido a la incapacidad del sistema judicial para procesar y sancionar crímenes de manera efectiva.También, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia de 2024, aproximadamente el 94.8% de los delitos cometidos en el país quedan impunes, es decir, no llegan a sentencia. Esto refleja una gran brecha entre el número de crímenes y los que realmente reciben justicia
Estos indicadores muestran que la impunidad es un problema sistémico en México, ligado tanto a la falta de recursos en las instituciones como a la corrupción y a la sobrecarga institucional. Con estos datos, me extraña que existan voces que sostengan que el poder judicial no deba de reformarse. Pues estoy convencido que “Las reformas son siempre las correcciones de abusos; los abusos son siempre violaciones de los principios» como expresó Joseph Joubert.
Es verdad que también el debate se centra en el mecanismo de elección directa de los jueces, sin embargo, el tema de fondo está en la manera en que se seleccionará a quienes pueden ser elegibles, es decir, los requisitos en cuanto a perfil, conocimiento y experiencia técnica.
Pero llama la atención que los argumentos centrales para cuestionar la propuesta de reforma estén centrados en llamar autoritario a un proceso que es resultado de una elección democrática en donde, una amplia mayoría construyó presencia significativa en el congreso para concretar reformas constitucionales. Además, las pretensiones o los objetivos de la reforma, no han surgido después del triunfo de Morena el pasado 2 de junio, es más, estuvieron en el debate público desde antes del proceso de campaña y durante toda la etapa de difusión de las propuestas de las diferentes candidaturas.
En definitiva, creo que podemos partir de la premisa que: un sistema judicial que no reforma sus estructuras, se convierte en el principal obstáculo para la justicia misma.
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