Por José Antonio Rivera Rosales
Un juez penal vinculó a proceso a diez policías municipales de Taxco por la probable comisión del delito de desaparición forzada en agravio de ciudadanos taxqueños.
La informacion causó un impacto en la comunidad, pero esta es apenas la punta de la madeja de una turbia historia criminal que ha agraviado a la ciudadanía taxqueña al menos en los últimos tres años. La figura central de este drama continuado es el alcalde saliente, Mario Figueroa Mundo.
Apenas el pasado 2 de septiembre los mismos policías municipales revelaron el paradero de Enrique Hernández Avilés, reportero de nota roja que estaba desaparecido desde el pasado 18 de junio. Sus familiares denunciaron la desaparición, pero nadie lo había encontrado hasta ahora, que desenterraron su cuerpo como resultado de los primeros interrogatorios a los municipales detenidos.
El caso es que desde que Mario Figueroa Mundo arribó a la alcaldía -en un contexto de señalamientos por vínculos con la delincuencia organizada-, la situación se deterioró tanto en la ciudad platera que tuvo que intervenir la Fiscalía General del Estado (FGE) para reconstruir el clima de paz y tranquilidad que caracterizaba a Taxco.
Son múltiples los delitos cometidos por los policías municipales, pero sólo por evidenciar los casos más sonados que conmocionaron a la comunidad taxqueña, habrá que mencionar el secuestro de tres periodistas cometido en noviembre, cuando hombres armados entraron a sus domicilios y se llevaron a los comunicadores a la fuerza, incluyendo algunos familiares.
Los periodistas fueron liberados poco después, pero cuando le preguntaron a Figueroa Mundo sobre el caso, lo único que hizo fue mofarse de los comunicadores.
Más adelante, entre el 22 y el 26 de diciembre, un total de 14 trabajadores de la recolección de basura del municipio fueron secuestrados por desconocidos. De ellos sólo cuatro empleados aparecieron, mientras que de los demás nadie supo nada. Hasta la fecha se desconoce qué pasó con esas personas -humildes recolectores de basura todos ellos-. Del mismo modo, el edil menospreció el incidente criminal.
Un caso más reciente, que llamó poderosamente la atención, es el sucedido el 25 de agosto por la madrugada cuando cinco jóvenes fueron sacados con violencia del bar La Intriga, situado nada menos que frente al templo de Santa Prisca, en pleno centro de la ciudad. Hubo testigos que señalaron a los policías municipales como responsables. Como en otros casos, nada se ha sabido de esos jóvenes.
Hay muchos otros casos de desaparición forzada en ese municipio famoso por la producción y venta de plata -numerosos casos de mujeres plagiadas, por ejemplo, que documentó el colega Miguel Angel Mata-, pero estas menciones debieran bastar para abonar a la intervención de la fiscalía con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional la Policía Estatal que, coordinados, el pasado día 29 de agosto lanzaron un poderoso operativo para tomar el control de la ciudad platera.
Ese día 29 de agosto el personal ministerial aprehendió a 59 elementos de la SSP municipal -entre policías, vigilantes y personal de apoyo-, aunque por desgracia se les escurrió uno de los principales responsables del clima de zozobra: el titular de la SSP, Cristofer Hernández Cuevas, hombre de toda la confianza de Figueroa Mundo.
Aquí se impone una pregunta: ¿Cómo es posible que los taxqueños soportaron tres años bajo el asedio de estos delincuentes con placa? ¿Por qué la autoridad ministerial no intervino antes?
(Tampoco intervinieron cuando se suscitó el caso de la niña Camila Gómez, a pesar de que la familia agraviada se trasladó a Iguala a poner su denuncia. Cuando lo hicieron, los hechos ya habían hecho explosión por vía del linchamiento que todos conocieron).
Con todo cinismo, Figueroa Mundo envió un comunicado al gobierno del estado en el que reclama que como presidente municipal nunca fue informado de la operación en curso para intervenir la policía municipal. Pero claro que no le iban a avisar, porque habría sido equivalente a poner a los delincuentes sobre aviso.
Son probablemente cientos los y las ciudadanas agraviados por la conducta delincuencial de los uniformados, que según todos los indicios actuaban en contubernio con la delincuencia organizada.
Para el caso, las investigaciones siguen su curso y con bastante seguridad saldrán a la luz pública las identidades de los autores intelectuales de tanto latrocinio -es decir, quienes daban las órdcenes a los municipales- entre los cuales con bastante probabilidad algunos índices apuntarán al alcalde saliente.
Guardadas las proporciones, esperamos que no suceda igual que con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, responsable de varios homicidios por los cuales recibió una condena de 92 años de prisión, sin contar con su responsabilidad en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Cuando estalló el escándalo de la desaparición de los jóvenes, Abarca siguió despachando como si nada -ya los agentes federales lo vigilaban de cerca para detenerlo en el momento preciso-, pero en el último día de su mandato (cuando aún conservaba el fuero), simplemente se dio a la fuga. Fueron meses de búsqueda afanosa para poder capturarlo.
Esto podría ser un caso parecido: casi no hay duda de que el alcalde está involucrado en ilícitos graves en agravio de sus conciudadanos, pero es responsabilidad de la FGE (o de la FGR si le resulta algún ilícito del orden federal) mantenerlo vigilado para que responda ante la justicia por tanto agravios a la ciudadanía que se supone debía procurar.
Hace falta informar a la ciudadanía taxqueña sobre la presencia y alcances de la operación gubenamental, con el fin de generar el ambiente de tranquilidad que tanta falta hace a los taxqueños y al turismo que los visita.
Esperemos que la justicia no nos decepcione.
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