La población indígena de México enfrenta mayores barreras para ejercer sus derechos a la salud, educación y un trabajo formal, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito del Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21 de marzo, día decretado por la por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según el reporte del INEGI, en 2022, apenas el 18.2 por ciento de la población indígena mayor a 18 años, contaba con contrato laboral en el trabajo.
De igual forma, 55.6 por ciento de personas de 18 años y más refirió tener acceso a servicios de salud, en contraste con 37.4 por ciento de la población indígena.
Asimismo, 46.4 % de la población general contaba con preparatoria o un nivel educativo superior, en tanto que 27.9 % de la población
indígena declaró tener dicho nivel educativo
De forma general, el 28.2 por ciento de las personas indígenas, el 35.7 por ciento de las personas afrodescendientes y 28.5 por ciento de las personas migrantes, todas de 18 años y más, declararon haber sido víctimas de discriminación.
El principal motivo de discriminación reportado fue la forma de vestir entre personas indígenas (31.1 por ciento) y migrantes (32.2 por ciento), mientras que en la población afrodescendiente fue el peso o estatura (31.7 por ciento). Asimimso, tres de cada 10 personas indígenas declararon haber sido discriminadas por ser indígenas.
El Inegi también señaló que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que las personas que se autoidentificaron con tonos de piel oscuros declararon haber sido discriminadas en mayor proporción que las personas que se autoidentificaron con tonos de piel intermedios y claros.
Las mujeres en el grupo de tonos de piel claros declararon haber sufrido mayor nivel de discriminación, en forma significativa, que los hombres con esos mismos tonos de piel, por lo que el género es un factor que agrava esta forma de exclusión.
También evidenció que las personas con tonos de piel más oscuros enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos, entre ellos los laborales, educativos y de salud. «Solo 32.8 por ciento reportó contar con un contrato laboral; 38.2 por ciento alcanzó el nivel de preparatoria o superior y 49.7 por ciento tuvo acceso a servicios de salud», apuntó el Inegi.
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