Por Roberto Camps
En un contexto cada vez más volátil donde las redes sociales se han convertido en campo de batalla político, hemos sido testigos de un nuevo episodio de desinformación dirigido ahora contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
A partir de una publicación que hace referencia a un supuesto vínculo entre la edil y el reclutamiento de jóvenes jornaleros en el llamado “Rancho Izaguirre”, se desató una tormenta mediática sostenida no en pruebas, sino en un testimonio confuso, sin verificación, y sin el respaldo de ninguna denuncia formal.
Lo que resulta especialmente grave es que ese testimonio —emitido por una persona que ni siquiera tiene certeza de haber estado en el sitio referido— ha servido como base para lanzar acusaciones de enorme peso legal y con el propósito de infligir un daño político.
Se dijo incluso, de que la presidenta municipal podría ser «autora intelectual» de una red de reclutamiento, sin que medie documento, declaración oficial o investigación judicial que sustente tales afirmaciones. Es ejemplo fake news que circulan en las redes sociales.
Desde una perspectiva jurídica, la presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo consagra expresamente como garantía individual y procesal.
Toda persona debe ser considerada inocente hasta que no se demuestre su responsabilidad mediante un juicio justo y con las debidas garantías. Este principio no es un tecnicismo: es una protección frente a linchamientos sociales, condenas mediáticas y campañas de descrédito disfrazadas de denuncia. Acusar públicamente a una servidora pública de participar en delitos graves, sin respaldo documental ni proceso legal, representa no sólo una falta ética, sino una violación a su derecho al honor, a la imagen y a la presunción de inocencia.
El artículo 1916 del Código Civil Federal establece que quien difunde hechos falsos que dañan la reputación de otro incurre en responsabilidad civil.
A todo esto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero fue la que anunció el inicio de una investigación sobre los hechos ocurridos en el llamado «Rancho Izaguirre». Esta acción responde al deber legal de indagar cualquier posible afectación a ciudadanos guerrerenses, no a una imputación formal contra la alcaldesa.
El uso tendencioso de ese anuncio fiscal por parte de páginas de corte político-opositor para insinuar complicidades construye una narrativa que, sin pruebas, solo busca dañar. Es el equivalente moderno de la difamación digital, amplificada por algoritmos, y despojada de cualquier responsabilidad cívica o legal.
La construcción artificial de escándalos tiene una consecuencia que trasciende a la figura política afectada: mina la confianza ciudadana en las instituciones, degrada el debate democrático y normaliza la mentira como herramienta de competencia electoral. No se trata solo de una guerra sucia: se trata de un deterioro del espacio público.
Aceptar que “en política todo se vale” es renunciar a cualquier intento serio de elevar el nivel de la vida pública. Hoy es contra Abelina, mañana contra cualquiera.
Ante este tipo de escenarios, lo que debe prevalecer es el rigor institucional. Las autoridades correspondientes están actuando, y es allí —no en Facebook ni en cuentas anónimas de redes— donde debe dirimirse la verdad. Si hay responsabilidades, que se sancionen conforme a derecho. Pero si no las hay, quienes promovieron el escarnio público deben rendir cuentas ante la ley y ante la sociedad.
La verdad no necesita de escándalos para imponerse; necesita de tiempo, pruebas y voluntad de justicia. Y cuando llegue —porque llegará— pondrá cada cosa en su sitio.
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