Por Luis Enrique Leyva
La libertad de expresión es el aire de la democracia, esencial para la discusión pública y el camino hacia la verdad. Aunque con límites legales para respetar derechos ajenos, su fragilidad en México es alarmante.
En los últimos tres sexenios, nuestro país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para el periodismo. Artículo 19 documentó más de 40 asesinatos entre 2018 y 2024, tragedias simbolizadas por voces como Javier Valdez, Miroslava Breach, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. A estas pérdidas se suman amenazas, desplazamientos, agresiones y una impunidad escalofriante: más del 90% de los crímenes sin castigo.
Informar en México puede costar la vida, y denunciarlo, a menudo, no basta. La violencia silencia el espacio público, no solo por la sangre derramada, sino por la autocensura impuesta por el miedo, especialmente en zonas controladas por el crimen organizado y la corrupción política. La libertad de expresión está siendo acorralada, no debatida.
A este panorama se añade la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que otorga al Estado amplios poderes para «regular contenidos» bajo criterios ambiguos como «veracidad informativa» y «contenidos nocivos». Se exige a plataformas y concesionarios una «comunicación responsable», con la potestad de sancionar contenidos que el regulador considere contrarios al interés público o los derechos humanos.
La intención de un ecosistema mediático justo es válida, pero el cómo y con qué garantías es la clave. En un país donde el periodismo vive bajo amenaza, permitir que el Estado defina qué es «veraz» o «responsable» es un riesgo enorme. La falta de precisión jurídica de la reforma y la vulnerabilidad de las instituciones a presiones políticas son preocupantes.
No se trata de oponerse a una regulación inteligente en la era digital, sino de reconocer el peligro de esta reforma en el contexto actual. El aparato normativo parece convertirse en herramienta de control en lugar de protección. Si informar es peligroso y decir la verdad se criminaliza, ¿qué democracia construimos?
El derecho internacional es claro: cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser legal, necesaria y proporcional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre leyes ambiguas que facilitan la censura indirecta. En México, donde el Estado de derecho es débil, lo legal no siempre es lo correcto. Regular contenidos sin criterios claros, independencia institucional ni garantías procesales abre una caja de Pandora.
En lugar de proteger periodistas y combatir la impunidad, el gobierno parece priorizar el control del discurso. En un país de violencia y silencio, esto es una grave alerta.
Defender la libertad de expresión en México es un acto político, ético y humano. Es el derecho de las víctimas a ser nombradas, de las injusticias a ser contadas y de los abusos a ser denunciados. Es también el derecho ciudadano a escuchar diversas voces, formar opiniones libres de intervención gubernamental y disentir sin temor.
Quienes legislan deben reflexionar si construyen una paz real o un silencio conveniente. No hay democracia sin libertad de palabra, ni verdad bajo vigilancia. La pregunta crucial es qué país queremos ser: ¿cuánto estamos dispuestos a callar por seguridad? ¿Qué perdemos cuando la verdad no puede ser dicha?
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