Por: Victor Montalban Tacuba. Maestro en Derecho Constitucional. Director de CEIP México
El problema de la criminalidad y violencia en México no es un tema novedoso, ya que en distintas épocas el crimen ha sido parte de la cotidaneidad en nuestra cultura, desde la época prehispánica ya se contemplaban delitos y sanciones aplicadas, de esta manera se puede identificar que en la época colonizadora, novohispana, independentista, revolucionaria y contemporánea la violencia ha sido un tema que ha formado parte de la agenda pública y de la cultura de nuestra sociedad.
Sin embargo, no en todas esas épocas han existido Derechos Humanos como los que se tienen contemplados actualmente y tampoco la criminalidad se había visto con tanta naturalidad como el día de hoy en México, Guerrero y Acapulco.
Si bien es cierto la sociedad mexicana no ha sido un pueblo que se haya caracterizado por la paz en toda época, ya que en algunas de estas la resistencia social sumada a la violencia ha generado los grandes movimientos como la independencia, guerra de reforma y revolución que han transformado la estructura política de la nación.
Es necesario analizar en particular el problema de la responsabilidad que ha tenido el Estado mexicano en la última decada frente a los altos índices de inseguridad pública derivados de problemas tan arraigados como el narcotráfico, delincuencia organizada, extorsión, secuestro, tráfico de armas, robo, violación, desaparición forzada y de la ineficacia de las políticas públicas para prevenir y erradicar estos problemas.
Por lo general se analiza la responsabilidad del Estado frente a violaciones a Derechos Humanos directas a individuos en particular, por ejemplo la clausura ilegal de un negocio por parte de la autoridad pública. Pero en los casos donde se ve afectado al interés legítimo de la sociedad comprendida como un ente colectivo es dónde se cuestiona si el Estado tiene responsabilidad al no cumplir con sus obligaciones y deberes establecidos en el marco normativo que lo regula y enconsecuencia violenta los Derechos humanos de la colectividad, en particular de un sector tan vulnerable como el de las niñas, niños y adolescentes.
Dicho problema se agrava en algunas regiones específicas del país, por ejemplo el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; lugar dónde el problema de la violencia se ha incrementado con el paso del tiempo y ha trascendido el plano generacional, ya que la generación de niños que sufrió los primeros hechos de violencia cruda derivada de la delincuencia organizada ahora son adultos cuya perspectiva social se formó a partir de la cultura de la violencia.
Lo anterior, es un claro ejemplo de cómo el problema de la violencia derivada de la delincuencia organizada trasciende generaciones, que en un momento dado fueron violentadas en sus Derechos humanos generando la posibilidad de convertirse en violentadores, dadas las condiciones socioculturales e inactividad del Estado para prevenir, combatir y erradicar el problema.
La responsabilidad del Estado mexicano por garantizar el Derecho Humanos de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia ha sido relativamente nula, ya que varias generaciones de niños y niñas han transitado a ser adultos con los estragos directos o indirectos de la violencia.
Es necesario que el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno implementen de forma urgente políticas públicas que permitan que los niños y niñas crezcan y se desarrollen en un medio libre de violencia y no sólo en lo que se refiere a la apología del delito reflejado en los narcocorridos, sino en todo su entorno de desarrollo, desde el nucleo familiar hasta el medio dónde se desenvuelven.
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