Acusa Canaco Chilpancingo a funcionarios de la FGE de estar involucrados en presunto “cártel de despojo”

buscan despojarlo de un predio de más de 10 mil metros cuadrados en la zona donde operó la primera central camionera de Guerrero, señala el empresario Pioquinto Damián

Jorge Martínez Dionicio | Enterado

Chilpancingo, Gro., lunes 11 de agosto del 2025.- Pioquinto Damián Huato, empresario y dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, denunció que dos funcionarias de la Fiscalía General del Estado (FGE) están involucradas en un presunto «cártel de despojo».

En conferencia de prensa en su edificio que alberga el Hotel Zócalo en Chilpancingo, dijo que buscan despojarlo de un predio de más de 10 mil metros cuadrados en la zona donde operó la primera central camionera de Guerrero.

El predio en cuestión fue vendido por el Ayuntamiento de Chilpancingo en 1991 a un grupo de empresarios locales, quienes posteriormente se distribuyeron la propiedad en acciones.

Damián Huato afirmó que compró el 40% de las acciones y logró obtener la titularidad del predio, cuyo valor ha aumentado debido a la ubicación estratégica.

Sin embargo, un grupo de comerciantes liderados por Juvencio Arias Oropeza ha invadido parte del predio, y una empresaria llamada Columba Corona Atrixco se ostenta como dueña del predio y cobra renta a los comerciantes.

Damián Huato sostiene que cuenta con escrituras que lo avalan como dueño y ha presentado denuncias por delitos como extorsión y asociación delictuosa.

El empresario acusó a la Fiscal Regional en la zona Centro, Imelda Lucero Muñiz Jijón, y a la fiscal de despojo, Minerva Miranda Sierra, de estar confabuladas con Arias Oropeza y de frenar el avance de las denuncias presentadas.

“Ellas forman un cártel de despojo y están confabuladas con Juvencio Arias Oropeza, con la promesa de que les van a dar parte de la propiedad», aseguró.

Damián Huato hizo un llamado al titular de la FGE, Zipcná Jesús Torres Ojeda, para que destituya a ambas funcionarias y solicitó la intervención de la Contraloría Interna de la FGE, la Contraloría General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para que tomen medidas en el caso.

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