Editorial: El poder de gobernar con perspectiva de género

La historia latinoamericana registra casos donde el acceso femenino al poder no alteró estructuras de fondo. Lo que distingue al gobierno de Salgado Pineda no es el género de quien encabeza el Ejecutivo estatal, sino la decisión —sostenida, presupuestada y medible— de integrar la igualdad de género en cada vértice de la administración pública.

Redacción | Enterado

Cuando Evelyn Salgado Pineda asumió la gubernatura de Guerrero en 2021, escribió un capítulo inédito en la historia política de uno de los estados más complejos de México. Cuatro años después, en este 8 de marzo, los datos hablan por sí solos: su administración ha convertido la perspectiva de género de consigna electoral en política de Estado.

Un hito que va más allá del símbolo

Ser la primera mujer en gobernar Guerrero no era, en sí mismo, garantía de transformación. La historia latinoamericana registra casos donde el acceso femenino al poder no alteró estructuras de fondo. Lo que distingue al gobierno de Salgado Pineda no es el género de quien encabeza el Ejecutivo estatal, sino la decisión —sostenida, presupuestada y medible— de integrar la igualdad de género en cada vértice de la administración pública.
El primer Plan Estatal de Desarrollo con perspectiva de género transversal en toda la historia de México no es un adorno retórico. Significa que cada programa sectorial, desde infraestructura hasta salud, debió justificar cómo contribuye a reducir las brechas que históricamente han dejado a las mujeres guerrerenses en desventaja. Es una metodología; y las metodologías, cuando se aplican con rigor, producen resultados.
La perspectiva de género dejó de ser una página del plan de gobierno para convertirse en la arquitectura del mismo.

De las cifras a las vidas: lo que mueven los números

Las estadísticas raramente emocionan. Pero detrás de cada indicador de este informe cuatrienal existe una mujer con nombre, con miedo superado o con futuro reconstruido.
La Tarjeta Violeta, que pasó de 3,000 a más de 20,450 beneficiarias, representa un incremento de casi 600% en el número de jefas de familia que reciben apoyo económico directo. En un estado donde la pobreza extrema se feminiza en las regiones de la Montaña y la Costa Chica, ese salto no es estadístico: es la diferencia entre que una mujer dependa económicamente de su agresor o no.

El Protocolo Alerta Violeta merece una reflexión aparte. Con 923 boletines emitidos desde julio de 2022 y una efectividad histórica del 93% —854 personas localizadas—, Guerrero ha construido un sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas que muchos estados del país están lejos de igualar. Que en la última semana reportada la efectividad bajara al 57% no debe leerse como fracaso, sino como la urgencia de mantener la guardia alta: cada punto porcentual es una mujer que aún espera ser encontrada.
Los 22 Centros LIBRE y 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, junto con la Línea 079 con Abogadas de las Mujeres, son la respuesta institucional a lo que antes se resolvía en silencio o no se resolvía: la violencia que ocurre puertas adentro, sin testigos y sin consecuencias para quien la ejerce. Que existan y que funcionen es una declaración de principios convertida en presupuesto.

Legislar para proteger: las Leyes Violetas

Si la gobernanza requiere voluntad política, la legislación exige algo más difícil: consensos. Las llamadas ‘Leyes Violetas’ —que incluyen la Ley Ingrid, la Ley Camila y la Ley de Bienestar— son el resultado de esos consensos. Sancionan la difusión de imágenes de víctimas, endurecen penas por delitos sexuales contra la niñez y garantizan apoyos a jefas de familia. Tres frentes distintos; un mismo eje: la dignidad de las mujeres y las niñas como bien jurídico no negociable.
La despenalización del aborto y la consolidación del programa de Aborto Seguro sitúan a Guerrero entre las entidades que reconocen la autonomía reproductiva como derecho y no como concesión. La prohibición de las terapias de conversión completa un cuadro legislativo que, considerado en su conjunto, representa el cambio normativo más significativo que el estado ha experimentado en décadas en materia de derechos humanos.
Las leyes no cambian culturas de la noche a la mañana, pero sin leyes, las culturas no cambian.

La deuda pendiente y los riesgos del éxito aparente

Todo balance honesto exige incomodidad. Que el 95% de los Sistemas Municipales de Igualdad estén instalados no significa que operen con la misma eficacia en todos los municipios. La Montaña guerrerense concentra comunidades donde el matrimonio infantil forzado sigue siendo una práctica arraigada; que se hayan establecido acuerdos en más de 120 comunidades es un avance significativo, pero el territorio es vasto y la resistencia cultural, profunda.Los 29,807 servicios de salud mental atendidos revelan una demanda real que el sistema apenas comienza a procesar. La violencia de género deja secuelas que no se resuelven con una consulta; requieren procesos largos, personal capacitado y presupuesto sostenido. Que esa cifra exista es bueno; que sea solo el borde visible de una necesidad mucho mayor, es el recordatorio de que el trabajo está lejos de concluir.
El riesgo más serio, en este contexto de logros acumulados, es la tentación de declarar la misión cumplida. Los avances de cuatro años pueden deshacerse en uno si los instrumentos creados —protocolos, centros, líneas de atención, legislación— no cuentan con financiamiento continuo y voluntad política del siguiente ciclo de gobierno.

8 de marzo: rendir cuentas es también un acto feminista

El Día Internacional de la Mujer se presta fácilmente a la retórica. Flores, declaraciones, espectáculos. Lo que este informe ofrece, en cambio, es algo más valioso y más incómodo: datos. Datos sobre lo que se hizo, sobre cuánto costó, sobre cuántas mujeres fueron alcanzadas y sobre cuántas siguen esperando.
Rendir cuentas con perspectiva de género es, en sí mismo, un ejercicio feminista. Implica reconocer que las políticas públicas no son neutras, que el dinero público puede profundizar desigualdades o reducirlas, y que medir el impacto de género no es una moda sino una obligación de todo gobierno que se asuma democrático.
Guerrero ha demostrado, en estos cuatro años, que la voluntad política puede traducirse en instituciones, en leyes y en vidas concretas. La pregunta que este 8 de marzo nos plantea no es solo qué se ha logrado, sino quién continuará con ello —y con qué compromiso.
En un estado acostumbrado a que las mujeres carguen el peso sin aparecer en los titulares, que los titulares hablen hoy de políticas que las protegen es, cuando menos, un comienzo que merece ser continuado.

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