Por Luis Enrique Leyva
Claudia Sheinbaum ha heredado un andamiaje de seguridad diseñado y operado por su antecesor, con la Guardia Nacional como columna vertebral. Pero este cuerpo no es, como se intentó presentar en sus inicios, una fuerza híbrida con control civil real. Es, en la práctica y en el mando, una corporación militar. No se trata de un matiz semántico, sino de un hecho operativo: la cadena de mando responde a la Secretaría de la Defensa Nacional, su entrenamiento es castrense y su despliegue territorial sigue los parámetros de ocupación militar.
La presidenta ha optado, al menos en sus primeros meses, por no alterar esta estructura. No ha habido cambios en la comandancia de la Guardia Nacional, ni en su doctrina ni en su modelo de despliegue. Esto es continuidad pura. Quien busque aquí un punto de ruptura con la política de seguridad de López Obrador, difícilmente lo encontrará.
López Obrador apostó por una fórmula que combinaba despliegue militar con programas sociales, bajo el lema “abrazos, no balazos”. El énfasis estaba en contener la violencia a través de presencia territorial y en atender sus causas con transferencias y apoyos. La lógica era más preventiva que punitiva, aunque en la práctica se tradujo en una militarización sostenida del espacio público.
Sheinbaum, sin abandonar ese marco general, parece dispuesta a introducir componentes más “quirúrgicos”. El énfasis en inteligencia financiera y en el recambio de mandos estatales podría interpretarse como un intento de integrar la política de seguridad con la política fiscal y anticorrupción, algo que su antecesor nunca consolidó como política de Estado.
Pero en otros frentes sí hay movimientos que sugieren un matiz distinto. Dos nombramientos recientes son particularmente reveladores: el relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
El primero apunta a reforzar la persecución del dinero ilícito, un eje que López Obrador sí utilizó en coyunturas específicas, pero que nunca integró como columna estratégica permanente. El dinero es la sangre de las organizaciones criminales: cortar sus flujos es tan o más efectivo que ocupar territorios. Sheinbaum parece entender que la guerra contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en las cuentas bancarias, las factureras, las operaciones inmobiliarias y las redes de corrupción pública que las facilitan.
El segundo cambio, en Guerrero, es un reconocimiento de que el estado vive una crisis de violencia que no puede resolverse solo con presencia militar. Los primeros meses de 2025 colocaron a Guerrero entre las entidades más violentas del país, con un repunte de homicidios dolosos y delitos de alto impacto. El cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública local es una señal política y operativa: aceptar que lo que había no funcionaba y que se necesita una estrategia distinta, aunque esta aún no se haya definido con claridad.
Además, está el factor Guerrero. La entidad es un laboratorio —o un espejo— de la política de seguridad nacional. La presencia militar es histórica, pero los indicadores de violencia siguen siendo alarmantes. Cambiar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública es un mensaje político hacia dentro y hacia fuera: hacia la federación, que necesita resultados; y hacia la población, que espera señales de autoridad y eficacia. Pero el relevo, por sí solo, no transforma la realidad. Si detrás no hay una estrategia que articule la acción de las fuerzas federales con la policía estatal y municipal, el cambio quedará reducido a un movimiento en el tablero, sin alterar el juego.
Sin embargo, las coincidencias son más amplias que las diferencias. La militarización de la Guardia Nacional, que López Obrador defendió con vehemencia, es la continuidad más visible. Este modelo ha desplazado a las policías estatales y municipales, debilitándolas aún más y generando una dependencia estructural de las fuerzas armadas. Sheinbaum, al mantener este esquema intacto, asume también sus riesgos: la concentración de funciones de seguridad en instituciones que no están diseñadas para la proximidad ciudadana y la prevención comunitaria.
Aquí surge la pregunta estratégica: ¿puede un gobierno cambiar los resultados sin cambiar el núcleo de su estrategia? Los ajustes en mandos y en inteligencia financiera son pasos relevantes, pero si no se acompaña de un fortalecimiento real de las policías civiles y de una política integral de justicia, el modelo seguirá girando sobre el mismo eje. Y ese eje, después de seis años, ha mostrado ser insuficiente para revertir las tendencias más críticas de la violencia.
En este punto, el distanciamiento entre la política de seguridad de López Obrador y la de Sheinbaum es más una cuestión de acento que de fondo. Ella no rompe con su antecesor, pero tampoco se limita a la continuidad absoluta. Más que un quiebre, parece buscar un refinamiento: ajustar piezas, reforzar áreas olvidadas, sin desmontar el edificio central.
Esta postura tiene implicaciones políticas. En un país polarizado, cualquier modificación en la política de seguridad se lee como una deslealtad o como un alineamiento total. Pero la lealtad real, en un proyecto de gobierno, no está en la repetición ciega, sino en la capacidad de corregir lo que no funciona. El riesgo, para Sheinbaum, es que las correcciones sean demasiado tímidas para producir un cambio real, pero demasiado visibles para que no se interpreten como una ruptura.
La historia reciente de México muestra que las transiciones entre presidentes de un mismo partido son, en seguridad, un campo minado. Felipe Calderón heredó de Vicente Fox un aparato de seguridad debilitado, y lo transformó radicalmente con una guerra frontal contra el narcotráfico. Enrique Peña Nieto heredó esa guerra, intentó reconfigurarla y terminó atrapado en sus mismos vicios. López Obrador heredó un país en crisis y apostó por la Guardia Nacional como su gran innovación, aunque en esencia reforzó la militarización que criticaba. Sheinbaum, ahora, recibe una Guardia Nacional consolidada y un sistema de seguridad donde lo militar es el corazón. Su dilema es si ese corazón puede latir para una estrategia distinta o si, al final, la continuidad lo absorberá todo.
Por ahora, lo que tenemos es un gobierno que mantiene intacta la estructura militar de seguridad, introduce cambios en áreas clave como la UIF y los mandos estatales, y proyecta la intención de fortalecer el combate a las finanzas criminales. Falta ver si esa intención se convierte en política pública integral, con indicadores claros, metas medibles y una narrativa que vaya más allá del “estamos trabajando en ello”.
La distancia con López Obrador, si llega a ser sustantiva, no se verá en los discursos ni en los nombramientos, sino en los resultados. Porque la lealtad más profunda a un proyecto no se mide por la obediencia al líder anterior, sino por la capacidad de lograr aquello que el líder no consiguió.
¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte a ordenar o analizar?
Déjanos tu comentario