La diputada Marisol Bazán Fernández se paró frente a los micrófonos del Congreso local para visibilizar una realidad que ya no puede ocultarse porque no se trata de un caso aislado:
Hay violencias que no gritan, pero pesan. No dejan huellas visibles, pero sí consecuencias profundas. Se instalan en la rutina, en la espera, en el trámite inconcluso. Y ahí, en ese terreno silencioso, es donde habita la historia de Tereza y su hija de 10 años, Tiare.
No es una historia única. Justamente por eso duele más.
Tereza, no está en guerra, pero todos los días libra una batalla. Se levanta temprano, organiza horarios, calcula gastos, cuida, acompaña, decide. Sostiene, como tantas mujeres, un mundo entero sobre los hombros. Y en medio de esa vida que no se detiene, aparece una oportunidad: un viaje, un curso, una experiencia que promete abrirle camino a ella y a su hija.
Pero el futuro, en su caso, tiene un requisito: una firma.
Una firma que no llega.
No hay un “no” claro, tampoco un “sí”. Hay algo más complejo: la ausencia calculada. El teléfono que deja de responder. La promesa que se diluye justo cuando más se necesita. La silla vacía en una oficina de gobierno. Y con ella, el tiempo perdido, el dinero invertido, la ilusión suspendida.
Porque en México, para que una niña tenga pasaporte, no basta con el esfuerzo de quien la cuida todos los días. Hace falta la voluntad de quien, a veces, sólo aparece para impedir.
Y entonces, lo que debería ser un trámite se convierte en frontera.
No es un caso aislado. Es una escena que se repite, casi idéntica, en distintas ciudades, en distintas oficinas, con distintos nombres. Mujeres que hacen todo lo que está en sus manos… y aun así no es suficiente. Niñas y niños que ven cerrarse oportunidades no por falta de capacidad, sino por decisiones ajenas.
A eso hoy se le pone nombre: violencia vicaria.
Y nombrarlo cambia todo.
Porque lo que antes parecía un conflicto personal, ahora se reconoce como un problema estructural.
Porque lo que se vivía en silencio, comienza a ocupar un lugar en la discusión pública. Porque entender que el daño también puede ejercerse a través de los hijos obliga al Estado a mirar de frente una realidad incómoda.
La iniciativa presentada por la diputada Marisol Bazán no es únicamente una propuesta legal. Es, en el fondo, un intento por romper ese ciclo invisible. Por evitar que una firma se convierta en un mecanismo de control. Por recordar que el interés superior de la infancia no puede quedar sujeto a la voluntad intermitente de un adulto.
Es, también, un gesto político que parte de algo profundamente humano: escuchar.
Escuchar historias como la de Tereza, Historias que no suelen llegar a los titulares, pero que sostienen el pulso real de una sociedad. Historias donde la burocracia no es neutral, donde los procedimientos pueden perpetuar desigualdades si no se revisan con perspectiva.
Porque al final, de eso se trata esta discusión: de decidir si el Estado será un espectador de estas pequeñas tragedias cotidianas… o un actor que interviene para evitarlas.
Tal vez la ley tarde en avanzar. Tal vez encuentre resistencias. Tal vez se pierda, por momentos, en los laberintos burocráticos. Pero hay algo que ya ocurrió y que no tiene vuelta atrás: la historia fue contada.
Y cuando una historia como esta se nombra, deja de ser individual.
Se vuelve colectiva.
Se vuelve urgente.
Se vuelve imposible de ignorar.
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