Opinión| La elección de jueces y magistrados

Por Celestino Cesáreo Guzmán

Yo como muchos, estoy convencido que es necesario sacudir al Poder Judicial para desmantelar una trama de intereses enquistados durante décadas a su interior.

Sin embargo la elección de jueces y magistrados enfrenta una serie de cuestionamientos que generan incertidumbre sobre la confiabilidad de este proceso. Sobre todo por que no hay historias de éxito en otros países.

Es paradójico que esta reforma busque eliminar las redes de influencia y tráfico de favores dentro del Poder Judicial. Para sustituirlos por otros de nuevo cuño.

Las democracias más consolidadas del mundo van en contra de este tipo de elección, porque los jueces y magistrados no deben ser víctimas de presiones de intereses de los grupos que los llevan a ese poder, de ahí que esta elección puede ser un túnel sin luz al final.

Aunque formalmente se habla de exámenes y evaluación de méritos, en muchos casos las decisiones finales están influenciadas por acuerdos políticos.

La opacidad en los procesos de nombramiento es un punto de preocupación.

No está del todo claro cómo se eligirán a los jueces, qué criterios se ponderarán o cómo se tomarán las decisiones finales.

En varios casos, se ha señalado que los exámenes de oposición son un filtro formal, pero no determinante, ya que la decisión última recae en grupos con intereses.

Todo esto genera dudas sobre la imparcialidad de quienes impartirán justicia y sobre la verdadera autonomía del Poder Judicial.

La reforma tiene algunos aspectos positivos como el impulso a la defensoría pública, lo que permitiría que sectores de la población con menos recursos tengan acceso a representación legal de calidad.

Esto será clave para garantizar el derecho a la defensa y reducir la desigualdad en el acceso a la justicia, beneficiando especialmente a quienes no pueden costear abogados particulares.

La reforma incluye medidas para agilizar los procesos judiciales y mejorar la administración de justicia mediante el uso de tecnología y nuevos mecanismos de resolución de conflictos.

Esto ayudaría a reducir la sobrecarga de trabajo en los tribunales, disminuir tiempos de espera en los juicios y hacer que la justicia sea más rápida y eficiente.

Por bien de la reforma, que ya no tiene marcha atrás, se debe valorar la reposición del procedimiento, dando mayor transparencia y certeza de imparcialidad a la selección de los candidatos.

Estemos atentos a estos cambios en el sistema de justicia en el país.

El tiempo y los resultados nos dirán si la reforma es un éxito o un fracaso. Veremos.

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