Por Miguel Ángel Arrieta
La ciudad comenzaba a movilizarse; miles de defeños transitaban ya por las calles de la capital rumbo a sus centros de trabajo o en tránsito a las escuelas. Se trataba de un martes como cualquier otro, pero a las 7:19 de aquel 19 de septiembre de 1985 la tierra se fracturó y se tragó oficinas, vecindades, teatros, restaurantes, hoteles, fábricas y escuelas.
La sacudida de un sismo de 8.1 grados sepultó a miles de capitalinos bajo edificios que se desmoronaron como polvorones triturados. El desastre dibujaba escenas terroríficas y ni el gobierno de la capital ni el gobierno federal de Miguel de la Madrid Hurtado, reaccionaron con la prontitud requerida.
La respuesta de la sociedad lastimada de muerte por el terremoto, rebasó la capacidad oficial. Cientos de ciudadanos se solidarizaron en una sola causa e iniciaron tareas de auxilio y rescate de personas atrapadas en los escombros. Fueron días de heroicidad cívica; los capitalinos se dedicaban de tiempo completo a remover ruinas y escombros, a organizar la asistencia humanitaria, al traslado de heridos y otras acciones que quedaron tatuadas en la memoria colectiva de todo un país.
En contraste, lo que también quedó en el registro histórico fue el afán del gobierno federal por manipular los datos de la catástrofe. En un afán de minimizar la magnitud de las pérdidas materiales y humanas, Miguel de la Madrid, de la mano con Televisa, manipularon cifras con objeto de evitar que a México le fuera retirada su condición de ser anfitrión del Mundial de Futbol 1986.
Hasta hoy, no se conoce el número exacto de víctimas que dejó el terremoto.
El informe oficial señaló que fueron tres mil 692 muertos, mientras que la Cruz Roja mexicana consideró que fueron más de diez mil muertos. Y lo mismo pasó con las estadísticas de damnificados por el desastre y los desaparecidos.
Doce años después, el nueve de octubre de 1997, Guerrero recibió el embate del huracán Pauline, cuya fuerza precipitó un golpe de agua que inundo cientos de comunidades en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y destruyó Acapulco.
El diluvio provocó arrastres de piedras, lodo y escombros que arrasaron todo a su paso al precipitarse desde las colonias de la parte alta del anfiteatro hasta la franja turística. En las playas y sobre la inundada avenida Costera Miguel Alemán flotaban decenas de cadáveres. En la parte suburbana del puerto las trágicas escenas se reproducían dolorosamente. La capacidad del Semefo para resguardar cuerpos pronto fue rebasada. Los restos terminaron colocados a la intemperie, en los patios de la agencia del ministerio público.
Las calles de la parte baja de la ciudad, quedaron sepultadas durante semanas por una capa de lodo y descomunales piedras inimaginablemente arrastradas por corrientes descomunales de agua que al caer por la pendiente de los cerros disolvían todo lo que encontraron a su paso.
Al igual que en 1985, los tres niveles de gobierno proporcionaron su versión oficial; 178 muertos aproximadamente. Aunque la Cruz Roja nacional y otros organismos internacionales revelaron que el número de víctimas ascendía a más de 400 y aproximadamente 200 desaparecidos.
Coincidentemente, las estadísticas oficiales sobre pérdidas humanas en catástrofes posteriores, -huracán Ingrid y tormenta Manuel, terremoto de 2017 en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Morelos-, mantienen una tendencia contrastante con las cifras aportadas por instituciones civiles y académicas que se adentran en tareas de atención a los fenómenos trágicos.
De ahí que cuando el Subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell admitió que el número real de contagiados por COVID-19 en México puede obtenerse multiplicando por 8.2 la cifra de pacientes confirmados con la enfermedad, se aprecie por primera vez en el manejo de este tipo de crisis, un espacio para acreditar un registro más cercano a la realidad sobre las cifras del coronavirus.
En este contexto, si el Secretario de Salud del Estado informa que hasta ayer miércoles el número de infectados en Guerrero es de 96, entonces la lógica matemática plantada por López Gatell dentro de lo que denomina Modelo Centinela, representa que en esta entidad la cantidad de confirmados con COVID-19 es de 787.
El problema es que López Gatell no precisó si la misma operación es aplicable a la cifra de muertes causadas por el virus letal, por lo que el manejo de las cifras derivadas de la tragedia entra en escenarios de debate respecto a la precisión de víctimas, al igual que ocurrió en 1985, 1997, 2013 y 2017, entre otros episodios devastadores.
Por lo menos, la medición de pérdidas humanas se localiza en un terreno de indefiniciones cuando predominan versiones de que se han expedido informes médicos en los que se concluye que los fallecidos pierden la vida por una neumonía atípica.
Si el propósito de controlar las cifras es para inducir estabilidad al manejo de la crisis sanitaria, las autoridades del sector salud federal y estatal deben tener presente que al final de cuentas las verdades oficiales más que atemperar los ánimos sociales, lo que despiertan es la sospecha ciudadana y la certeza de que el gobierno oculta la realidad.
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