Por Celestino Cesáreo Guzmán
En los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado señales al país que vale la pena analizar.
No pueden menospreciarse las reuniones que sostuvo con tres de los once gobernadores con quienes ha sostenido durante meses públicas diferencias.
Me refiero a los mandatarios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco quienes han planteado que reconsidere la forma en que conduce el país.
López Obrador envía positivas señales de distensión cuando ofrece analizar la revisión (que no iniciar un proceso) del Pacto Fiscal.
El reclamo de los gobernadores es que la economía de estados y municipios no se vea vulnerada como ha ocurrido durante su periodo de gobierno.
Incluso la propia secretaría de Hacienda transfirió 20 mil millones de pesos a estados y municipios luego de que fue denunciado un recorte del 30 por ciento a las participaciones federales. Y aunque gobernadores y alcaldes recibieron 8 mil millones de pesos menos de lo presupuestado originalmente, hubo una corrección en ese rubro.
Las 32 entidades federativas del país, sufrieron una merma considerable a sus finanzas durante el primer semestre de este 2020, luego que dejaron de recibir 21 mil 641 millones de pesos en participaciones por parte del gobierno federal.
Por el contrario, varias entidades gobernadas por Morena registraron recortes mínimos o incluso se les aumentaron recursos como el caso de Chiapas, Baja California, Veracruz (Crónica, 21 de julio de 2020).
No se puede dejar de lado que estas decisiones van aparejadas con que ya dio inicio el proceso electoral, de manera informal pero ya dio inicio.
Otro dato a tomar en cuenta es el freno en la caída de la popularidad del Presidente AMLO en las encuestas, recuperación que dio inicio luego de su gira por los Estados Unidos.
Previamente, el clima de opinión le fue adverso producto de los yerros que ha cometido su gabinete de salud en el manejo de la epidemia por Covid-19.
No quisiéramos pensar que estas reuniones del presidente con los gobernadores, es parte de una estrategia política para contener la fuga de popularidad.
Y que no tenga la voluntad de diálogo con quienes piensan distinto a él, o no están de acuerdo con sus políticas públicas.
Que en realidad sea notable la distensión de la polarización que se ha vivido a lo largo de su gobierno.
Porque no podemos dejar de lado el uso político que el gobierno de López Obrador hace de la Unidad de Investigación Financiera, que ha ocasionado un debate en los medios de su titular, Santiago Nieto, y el Fiscal de la República Gertz Manero.
El uso faccioso de la información para golpear a sus adversarios políticos, basta recordar el anuncio de la investigación de la UIF a Martha Sahagún por supuestos nexos irregulares con los Legionarios de Cristo.
El gobierno de la #4T tiene récord en denuncias por lavado de dinero, que no llegan a juicio.
“Tal parece que la Fiscalía discrecionalmente decide en qué casos sí abre una carpeta (de investigación) y en cuáles no. (El resultado) es que, ya sea por falta de voluntad o capacidad, no hay evidencias contundentes de casos que se estén llevando a judicializar”, dice Estefanía Medina, abogada penalista de la organización Tojil Estrategia contra la Impunidad” (Cuestione, 21 de mayo de 2021)
Así como los procesos judiciales en curso contra Genaro García Luna, Emilio Lozoya y el ex gobernador César Duarte son de pronostico reservado para el PAN y el PRI y para el proceso electoral de 2021.
Si se acredita la utilización de millonarios recursos de Odebretch o del entonces gobernador Duarte a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, ¿qué costo tendrá para el Revolucionario Institucional?
Ojalá vaya a fondo en el caso Lozoya, y al destaparse esa cloaca, deberán pensarlo dos veces quienes promueven la alianza con el partido que naturalizó la corrupción en el ejercicio de gobierno.
Incluso en el Caso Iguala se ha acudido al recurso de la filtración sobre presuntas responsabilidades, lo cual pone en duda la confidencialidad de la investigación, no así el propósito de colocar estos temas en la opinión pública.
En este caso que indignó al país y el mundo, indispensable que se aclare, que se diga la verdad, que se castigue a quien tenga responsabilidad, pero parece que se le administra políticamente.
Si por un lado se tienden puentes a los gobernadores disidentes, pero por otro se recurre al golpeteo político (incluida la descalificación al grupo de intelectuales que se pronunció porque el Poder Legislativo tenga mayoría opositora). ¿A qué versión de López Obrador deberíamos creer entonces?.
No se puede llamar a la impunidad de quienes son investigados, y en ese sentido se debe reconocer la determinación del Presidente para sanear la vida pública en el país.
Pero también es cierto que en los regímenes presidenciales que le antecedieron se abusó del poder, prueba de ello es el derrumbe de la Verdad Histórica en el Caso Iguala, pero ¿fabricar otra verdad a modo del nuevo régimen para darle uso político a dónde nos puede llevar?
Tender puentes es bueno, establecer un diálogo honesto que lleve al presidente López Obrador a realizar correcciones para sacar al país de la crisis que vive es lo deseable.
Pero simular, aparentar, dividir, ganar tiempo y puntos de aceptación con miras al 2021, al 2022 y al 2024, sería lo peor que le puede ocurrir al país.
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