“En el marco de los 16 días de activismo en contra la violencia de género es pertinente presentar esta iniciativa cuyo espíritu es erradicar los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas” señalaron al presentarse ante el pleno del Congreso del Estado de Guerrero diversas reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas con el fin de erradicar los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en el Estado de Guerrero.
La esencia de las propuestas de reformas que se presentaron por parte de la legisladora tiene como principal objetivo que en las comunidades indígenas y afromexicanas, en sus procedimientos se garantice el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Guerrero.
Además, la diputada Beatriz Mojica, quien presentó la propuesta, señaló que, en materia de diferencias familiares, cuando no exista delito alguno, no habrá motivo de aseguramiento ni privación de la libertad de las niñas, niños y adolescentes.
También propuso que las y los integrantes de las policías comunitarias deberán capacitarse en Derechos Humanos, para respetar, promover, el sistema de uso de usos y costumbres, cuidando en sus actuaciones la no agresión, sin violencia en la medida de lo posible en sus relaciones con los habitantes.
Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en las comunidades de Guerrero son una problemática real que afectan los derechos de las niñas y adolescentes y que tienen su origen, principalmente, en la pobreza, la falta de acceso a servicios y oportunidades, las dañinas normas sociales, como en la desigualdad de género.
La Diputada Beatriz Mojica, señaló durante la presentación del proyecto que de ninguna manera esta reforma contribuye a la estigmatización de las comunidades y de los usos y costumbres. “La violencia contra niñas y adolescentes no es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas, es por ello que necesitamos instrumentos que refuercen el respeto a los derechos de las niñas y adolescentes”.
Finalmente, dicha iniciativa deberá ser sometida en la etapa de discusión, a consulta de los pueblos y comunidades indígenas, para que conozcan, discutan, analicen y participen en los cambios de la ley de referencia, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las resoluciones de inconstitucionalidad en esta materia.
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