Por Oscar Basave Hernández
El Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo asedio del gobierno federal y los organismos que ahora funcionan como soldados del Poder Ejecutivo, de manera extraña y delirante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha enviado al Congreso de la Unión la recomendación de llevar a cabo acciones legislativas para modificar las leyes electorales y acusa al organismo electoral de “vicios” que “por siglos” han manchado los procesos electorales, cuando el INE –antes IFE, ¡se fundó en 1993!–.
En la absurda recomendación también señala las violaciones graves a los derechos humanos, al derecho a la democracia, a la protesta social, derecho de reunión, de asociación, entre otras ¡“cometidas por el Estado entre 1951- 1965”!
El pronunciamiento de la CNDH (DGDDH/081/2022) está redactado con argumentos sinsentido y necedades, producto de la obnubilación del rencor y resentimiento presidencial en torno a los resultados electorales del 2006, pero también de volver al presidencialismo mexicano en el que era el fiel de la balanza en la sucesión presidencial, es decir cuando el Presidente de México decidía quien sería el candidato de su partido.
Esa característica del sistema presidencial mexicano, como señalaba en aquel entonces Daniel Cosío Villegas, se sostenía en dos pilares, el Presidente y el Partido; y de la presidencia dependía el organismo electoral, que organizaba y avalaba los procesos electorales en los que ganaba el partido del Presidente. Nada más y nada menos. Lo mismo que ahora pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa presidencial para la reforma electoral, en cuyo tenor se adhiere el delirante posicionamiento de la CNDH, busca de nueva cuenta como hace casi treinta años que el organismo electoral esté en manos del gobierno, al igual que el Poder Legislativo.
Al Poder Legislativo porque busca eliminar a los representantes plurinominales, lo cual dejaría con la mayoría a Morena, lo mismo que ocurría con el PRI, y que precisamente por eso incorporó la figura de los legisladores de representación proporcional (conocidos como pluris) con la cual la oposición, entre ellos principalmente el PAN y la izquierda contarían con diputados y senadores. Sin embargo, ahora en abuso de su mayoría, Morena pretende desaparecer una figura de la cual viejos dirigentes de la izquierda mexicana fueron beneficiados, entre ellos Pablo Gómez.
Durante cuatro años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido construyendo una verdad alternativa a partir de sus “otros datos”, que incluye una historia alternativa de México, como esta que presenta la CNDH del INE en la que la acusa de fraudes electorales de hace siglos y de mediados del siglo pasado.
En defensa de su realidad y su versión alternativa de la historia mexicana, el presidente no duda en descalificar a los oponentes, que es una condición básica de la democracia, la existencia de voces opositoras; la imposición de los hechos so pena de ser exhibidos como traidores a la patria en sus conferencias mañaneras, socavan la calidad de la democracia mexicana.
De tal manera que el posicionamiento de la CNDH en contra del INE bien reflejan no el pasado histórico de México del cual hace responsable al organismo electoral, sino más bien pinta la actualidad del gobierno federal mexicano.
Por último es necesario recalcar otra de las características del sistema presidencialista autoritario mexicano, el que a pesar de los esfuerzos de los Presidentes en turno por dejar a un sucesor que le debiera el cargo, que le diera continuidad a su gobierno y que le permitiera seguir gobernando tras la silla; ninguno de ellos lo pudo lograr, todos los nuevos presidentes se desmarcaron del anterior e incluso los acusaron de ser responsables de los males que no pueden resolver.
Esa puede ser la historia futura de López Obrador, porque los propagandistas del regimen defienden siempre al que está en ejercicio del poder, no al que se fue.
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