La acciones y peticiones emprendidas por ex trabajadores de la administración municipal y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), son ilegales, porque se les ofreció liquidarlos conforme a la ley, situación que han rechazado, manifestó el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor.
En conferencia de prensa, en la sala de regidores del Ayuntamiento, el responsable de la política interna del Gobierno de Acapulco, afirmó que tanto el plantón realizado por un grupo afuera del Palacio Municipal y el movimiento de ex trabajadores de la Capama, “son acciones ilegales, ningún trabajador puede declararse en huelga sin que antes esto haya sido avalado por un tribunal en materia laboral”.
Ayala Villaseñor, puntualizó que en ambos casos, la administración municipal ha ofrecido a las personas una indemnización como la ley lo indica, garantizando sus derechos.
Abundó que la dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento y la dirección de Administración y Finanzas de la Capama, han planteado una liquidación al 100 por ciento como lo marca la ley, e incluso, se elaboraron los cheques, los cuales fueron rechazados por los manifestantes. “Todos los derechos laborales, de todas las personas que están en esta circunstancia están salvaguardados”, aseguró.
El secretario del gobierno de Acapulco informó que en próximos días serán presentados por la parte de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la Consejería de Asuntos Jurídicos de la Capama, los cheques ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que el Ayuntamiento solvente su obligación de liquidar como lo establece la Ley Federal del Trabajo, y los ex trabajadores podrán ir a recogerlos cuando así lo decidan.
Respecto a las personas que se instalaron afuera del Ayuntamiento, Ayala Villaseñor, precisó que el ciudadano, Manuel Alcaraz Vázquez, fue dado de baja el mes pasado al constatarse que no se presentaba a su lugar de trabajo, por lo que contaba con 16 actas administrativas levantadas.
José Juan Ayala, informó que los manifestantes Reynaldo Gutiérrez Cruz, León Felipe Mejía y Oscar Almeda Cruz, quienes exigen su reinstalación, fueron dados de baja en los años 2014, 2018 y 2021, respectivamente.
En el caso de la Capama, Ayala Villaseñor, subrayó que todos los integrantes del movimiento fueron dados de baja en pasadas administraciones.
En este contexto, informó que los ciudadanos, José Martín Martínez Luna y Rosalinda Gutiérrez Terrones, quienes lideran el movimiento, son cónyuges y tenían incluidos en la nómina a dos hijos, lo que costaba a la paramunicipal, cerca de 30 mil pesos quincenales.
Aunado a ello, el secretario reveló que 6 familiares de la pareja también estaban en la plantilla y se corroboró que no devengaban su salario.
Como dato adicional, el secretario general del Ayuntamiento informó que José Martín, ya había sido dado de baja por la administración anterior y hace dos años recibió una indemnización por un 1 millón 600 mil pesos aproximadamente, y además fue reinstalado junto a su esposa, hijos y 6 familiares a la nómina de la Capama por la administración anterior.
Ayala Villaseñor, negó que se violen los derechos laborales de las personas y puntualizó que “la administración no se puede permitir por presiones de esta naturaleza, seguir manteniendo trabajadores que no se presentan a sus centros de trabajo, que no son necesarios para el desarrollo de sus actividades y que sin embargo, tenemos que cargar con esos costos”.
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