Redacción | Enterado
El exgobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo volvió a señalar públicamente a su sucesor, Ángel Aguirre Rivero, como su único enemigo político y lo acusó de haberle solicitado financiamiento para su campaña electoral a cambio de posiciones en el gobierno. Torreblanca afirmó que su negativa a ese trato derivó en una persecución judicial contra funcionarios de su administración una vez que Aguirre asumió el poder.
En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Torreblanca aseguró que Aguirre le pidió dinero de manera directa durante la campaña por la gubernatura del estado y que el acuerdo implícito contemplaba posiciones políticas a cambio. Al no ceder, dijo, comenzaron las acciones legales contra sus excolaboradores, a quienes describió como víctimas de represalias.
El conflicto entre ambos políticos no es nuevo. Tiene antecedentes documentados que datan de la propia campaña electoral de 2010, cuando Torreblanca respaldó abiertamente al senador Armando Ríos Piter como candidato del PRD a la gubernatura, en franca oposición a la candidatura de Aguirre. Según análisis políticos de ese periodo, Torreblanca utilizó recursos del gobierno estatal en favor de Ríos Piter, lo que estuvo a punto de fracturar las estructuras del PRD en Guerrero.
La ruptura se agudizó tras la victoria de Aguirre en los comicios del 30 de enero de 2011 y su toma de posesión el 1 de abril de ese año. Ya en noviembre de 2011, el gobierno de Aguirre había inhabilitado a dos grupos de exfuncionarios de la administración anterior por presuntos desvíos de recursos públicos, incluyendo al exsecretario de Administración y Finanzas Ernesto Cabrera Morín, sancionado por seis años, y a exdirectivos del DIF estatal y del Consejo de Seguridad Pública, en casos relacionados con un desfalco de más de 100 millones de pesos.
Frente a esas acciones, Torreblanca convocó a sus excolaboradores a un acto público en Acapulco, su primera aparición en el estado tras ocho meses de ausencia, y calificó a Aguirre de corrupto y cínico. En ese mismo acto, acusó a Aguirre de haber dejado las arcas estatales vacías cuando entregó la administración en 1999, al término de su periodo como gobernador interino, y de haber inflado la nómina del sector central durante su nuevo gobierno. También presentó bitácoras de vuelo de helicópteros y aviones oficiales para documentar supuesto uso personal de la flota aérea del estado por parte de funcionarios y familiares de Aguirre.
Ante las acusaciones, el gobernador Aguirre respondió que no toleraría la impunidad en su administración y solicitó a la Procuraduría General de la República que revisara las demandas interpuestas contra los exfuncionarios de Torreblanca por presuntos desvíos.
La enemistad entre ambos también tuvo una dimensión presupuestal. Torreblanca argumentó que el déficit de más de 4 mil millones de pesos en la Secretaría de Educación de Guerrero se originó durante el interinato de Aguirre entre 1996 y 1999, y se profundizó en el gobierno siguiente de René Juárez Cisneros.
Para 2014, Torreblanca continuaba criticando a Aguirre, señalando que a tres años de su gobierno Guerrero era un estado sin proyecto y hecho pedazos. Ese mismo año, Aguirre renunció a la gubernatura en octubre, en el contexto de la crisis política desatada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Las acusaciones que Torreblanca renueva ahora en redes sociales reproducen en esencia las mismas denuncias que hizo públicas desde 2011: que la persecución de sus exfuncionarios fue un acto de venganza política y no una acción anticorrupción genuina. Ninguna de las partes ha presentado hasta ahora pruebas formales que hayan derivado en procesos judiciales definitivos en su contra. Aguirre Rivero no ha respondido públicamente a las declaraciones más recientes de Torreblanca.
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