La diputada Erika Isabel Guillén Román presentó una iniciativa con el propósito de fortalecer el derecho a la reparación integral y establecer medidas específicas de protección para las personas en situación de desplazamiento forzado interno.
La propuesta, que plantea reformar el artículo 14 y adicionar un artículo 14 Bis a la Ley 450 de Víctimas del Estado de Guerrero, se encuentra en análisis en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, expuso que el desplazamiento forzado en Guerrero ha sido provocado por hechos de violencia, incursiones armadas, amenazas y disputas territoriales que han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares para salvaguardar su vida e integridad, particularmente en comunidades de la Sierra y municipios indígenas del estado.
Señaló que las personas desplazadas enfrentan no solo la pérdida de sus bienes y viviendas, sino también afectaciones emocionales, económicas, educativas y comunitarias, además de dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación, empleo y alimentación, lo que convierte al desplazamiento forzado en una grave violación múltiple y continuada de derechos humanos.
Por ello, plantea que las medidas de reparación integral se otorguen de manera adecuada, diferenciada, efectiva y transformadora, orientadas a restablecer la dignidad de las víctimas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incorporando de manera expresa el concepto de “proyecto de vida” como parte de los mecanismos de reparación.
Asimismo, propone establecer obligaciones específicas para garantizar el retorno digno y seguro de las personas desplazadas o, en su caso, su integración o reubicación adecuada, además de asegurar el acceso efectivo a vivienda, salud, educación, alimentación, empleo, atención psicosocial y acciones dirigidas a la reconstrucción del tejido comunitario y a las garantías de no repetición.
Erika Isabel Guillén externó que es importante seguir legislando en estos temas, ya que, de acuerdo con organismos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones graves a derechos humanos deben recibir una reparación adecuada, efectiva y proporcional, que contemple la reconstrucción integral del proyecto de vida de las víctimas.
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