La diputada priista Julieta Fernández Márquez subió a la tribuna del Congreso del Estado de Guerrero para insistir en su postura de defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) la cual es la fortaleza que ha permitido garantizar la democracia en México, por ello, pidió a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que declare como improcedente el famoso Plan B de la Reforma Electoral planteada por el titular del Ejecutivo federal.
En su participación, recordó que eran tiempos similares como ahora, en donde se quería concentrar el poder, pero que gracias a las voces de personas valientes y congruentes con los principios democráticos, la sociedad civil fue ganando espacios, y así la oposición se hizo más fuerte y pudo alcanzar la alternancia en algunos estados y en congresos estatales y que a ello se sumó el nacimiento del entonces Instituto Federal Electoral, con una serie de reformas que fortalecieron la autonomía.
Fernández Márquez puntualizó que ahora, con el famoso Plan B se plantea una reforma visiblemente inconstitucional que pone en duda la credibilidad, legitimidad y certeza del proceso electoral más importante para los mexicanos, y no garantiza la celebración de elecciones libres e imparciales como lo mandata nuestra Constitución.
Dijo que esta manipulación jurídica busca despedazar al INE, la reforma constitucional quería destruir al INE, el Plan B quiere cercenarlo y qué hay que decirlo con todas sus letras: el partido en el poder quiere quitar al 85% de los empleados, consejeros con 15 años de experiencia y con servicio profesional de carrera, y quieren poner perfiles a modo que no cumplen con los más mínimos requisitos.
Además dijo, quieren quitar a los consejeros electorales y a los consejeros legislativos en una alquimia electoral, buscando consejeros a modo en una mayoría simple que responda a los intereses del oficialismo, 20 consejeros del Senado, 20 consejeros desde la Cámara de diputados, 20 funcionarios a modo para desde el poder controlar las elecciones desde Gobernación, como en los años 70 y aseguró que además se afectaría a las juntas distritales locales, solo por citar algunos agravios, que afectarían a la democracia y a las fuentes de empleo.
Por ello, pidió a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que declare este Plan B, como inconstitucional, y que es un duro golpe a la democracia que tantos años costó a México y a los mexicanos, además representa un retroceso, por lo que confió en las decisiones de las y los ministros que sabrán decidir y no permitirán que todo el poder recaiga en manos de una sola persona.
En este sentido, la diputada Julieta Fernández, explicó que lo que pretende el famoso Plan, es dar ventaja al partido que gobierna, facultarlo para que utilice recursos públicos para hacer campañas electorales, entre otros excesos.
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