REDACCIÓN|ENTERADO
Miembros de la asociación civil Guerrero Unido con la Familia demandaron a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que se abstenga de interferir en el ámbito legislativo, respete la soberanía de los estados y “que deje de atentar contra la patria potestad y el derecho inalienable de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos”, pues consideraron que ellos “no son propiedad del Estado”.
En videoconferencia de prensa la presidenta de la asociación Julieta Fernández Márquez, quien estuvo acompañada por el secretario ejecutivo Benjamín Fuentes, y otros miembros, consideraron que en los últimos tiempos se están introduciendo ideologías perniciosas en la educación, que tienen contenidos sexuales explícitos y una hipersexualizacion a temprana edad.
Los menores, afirmaron, están expuestos a confusión, de ahí la preocupación por conocer con anticipación los contenidos educativos que se imparten a los menores
Luego señalaron que la Secretaría de Gobernación, ha hecho circular una ficha técnica a los congresos locales que atenta contra el derecho inalienable de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos.
Para Olga, consideró Julieta Fernández, “los niños son del Estado, que es quien tiene el derecho de educar”. Lo cual contradice lo que señala la declaración universal de derechos humanos, que en su art. 26.3 afirma lo siguiente: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
México firmo dicha declaración en 1948 y desde entonces tiene rango constitucional.
Lo mismo dice la convención americana de derechos humanos en su artículo 12.4: “Los padres y en su caso los tutores, “tienen el derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo a sus convicciones”.
Recordó que cuando en los Estados de Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro se han propuesto garantizar este derecho, la Secretaria de Gobernación ha enviado una nota en la que concluye que hacerlo viola la constitución, y supone una “regresión de derechos por restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución”
El Pin Parental, explicó, es una ley recientemente aprobada en Aguascalientes que busca garantizar el derecho a conocer y prestar su consentimiento a los contenidos y actividades educativas.
“Gracias al Pin Parental, las escuelas y maestros tendrán obligación de notificar a los padres de familiacuando en las clases se aborden temas que puedan entrar en conflicto con la educación moral, ética, dados en casa”.
Fernández Márquez informó que la asociación que preside buscará que diputados locales impulsen esta iniciativa en el Congreso de Guerrero, pues considera que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Por lo que lo que Guerrero Unido con la Familia exigió:
1. Que la secretaria Olga Sánchez Cordero se abstenga de interferir en el ámbito legislativo porque no es un área de su competencia sino un poder distinto y contrapeso democrático para Mexico
2. Que deje de vulnerar la soberanía de los Estados que tienen su congreso legislando con normalidad democrática, es decir, diputados electos por la sociedad con la libertad plena de proponer y debatir.
3. Que deje de atentar contra la patria potestad y el derecho inalienable de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos, porque éstos no son propiedad del Estado.
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